El acuerdo entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat incluye cambios en el sistema tributario. En el texto firmado por ambos partidos se acuerda que será la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la responsable de “la gestión, la recaptación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña” Hasta ahora, la ATC compartía estas funciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), pero si se pone en marcha el pacto, serán responsabilidad plena de la ATC.
Para que así sea, y como reza el acuerdo, será necesario “el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos”. En la actualidad, estos medios pertenecen a la AEAT y aunque la ATC ha ido incrementando progresivamente su plantilla, para asumir las nuevas funciones habrá que contar con más personal. Entre 2013 y 2023 los recursos humanos se han casi triplicado en Cataluña, pasando de los más de 300 hace una década con los 852 que había a finales de 2023, según la memoria anual de la ATC.
En el texto se hace referencia a la experiencia del organismo: “La ATC, creada en 2007 y en funcionamiento desde el 2008, cuenta con más de 16 años de experiencia que lo avalan para asumir nuevas competencias tributarias”. Sin embargo, desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han manifestado su preocupación sobre el traspaso de personal de la AEAT a la ATC.
Este es además uno de los motivos por los que habrían amenazado con llevar la “independencia fiscal” de Cataluña a los tribunales. “El concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia tributaria de ese territorio rompiendo la institución que mejor funciona en la Administración pública”, denuncian. Por ello, la asociación “está dispuesta a utilizar todos los medios legales oportunos para impedir que esta situación siga adelante, velando, especialmente, por los compañeros que están allí destinados quienes no son, ni serán nunca, funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana nacional, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico”.
Límites en las actuaciones
Pese a la cesión de medios que plantea el acuerdo, los inspectores alertan que la colaboración entre la ATC y la AEAT sería imprescindible, puesto que la primera no podría realizar comprobaciones fuera de la región. “La ATC tendría que requerir la colaboración de la Agencia Estatal para realizar prácticamente cualquier inspección, porque no podrá verificar operaciones realizadas fuera de Cataluña, ni elementos materiales sitos fuera de la Comunidad Autónoma (por ejemplo, ver sí existe un almacén o no), ni requerir información de contribuyentes no establecidos en Cataluña… En consecuencia, la capacidad de investigación quedaría muy limitada frente a los órganos actuales de inspección de la AEAT en Cataluña”, aseguraban en un informe publicado en marzo.
Esto a su vez, retrasaría las inspecciones a las multinacionales, como publicó este periódico. «La ATC estaría obligada a «encargar» este trabajo a la Agencia Estatal, y eso siempre genera retrasos, puesto que los órganos de inspección de la Agencia Estatal tienen sus propios planes de Inspección, lo que hará que el trabajo que desarrollan para otra no sea el que se realice en primer lugar». Esto llevaría a que los plazos de estas investigaciones se alarguen, «en perjuicio de los derechos de los contribuyentes», indican los inspectores.
En definitiva, consideran que trocear la gestión tributaria y cederla a la ATC en el caso de Cataluña dificultaría la persecución del fraude fiscal. «La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña. La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente», denuncian.
