Estados Unidos dio por ganador de las elecciones venezolanas al opositor Edmundo González Urrutia. Pero Brasil, Colombia y México evitaron que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que exigía a las autoridades electorales de ese país publicar de inmediato las actas de los comicios del pasado domingo que proclamaron a Nicolás Maduro. El texto pedía que «se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados». La abstención de los tres países no pareció estar disociada del anuncio del propio Maduro de que las actas de la contienda estarán a disposición «en un 100%», en una fecha no precisada.
Brian Nichols, el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró durante la reunión que «dada la abrumadora evidencia obtenida por pruebas documentadas», el candidato de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD) recibió «millones de votos más» que su contrincante y es el vencedor de los comicios. Los Gobiernos del mundo, subrayó el funcionario, «deberían reconocer» el triunfo de González Urrutia. En una clara referencia a los países que se abstuvieron, Nichols dijo que, con esa posición «solo estarán permitiendo el intento de fraude masivo de Maduro y sus representantes, y el desprecio del estado de derecho y los principios democráticos».
Las diferencias en el seno de la OEA fueron evidentes y no son ajenas a una posible salida política del peligroso laberinto venezolano. El embajador de Brasil ante el organismo, Benoni Belli, volvió a pedir los datos electorales desglosados por colegios electorales, lo que, remarcó, legitimaría el resultado oficial divulgado por el régimen. Sin embargo, marcó una diferencia con Nichols que es crucial por estas horas. Aseguró que el Gobierno brasileño «sigue supervisando e intercambiando puntos de vista sobre los resultados de las elecciones» con los socios regionales. «Seguimos con preocupación las protestas en el país; pedimos a todos los actores políticos y sociales que actúen con moderación para evitar una escalada de violencia».
Maduro ante el Tribunal Supremo
Pocas horas antes de la reunión de la OEA, Maduro fue a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar un recurso de amparo. «Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado (…) investigado por la Sala Electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado». Informó que el Partido Socialista Unido (PSUV) divulgará todos los documentos electorales en su poder. «Sé lo que les digo, se van a enterar. Las pruebas ya aparecieron». Dijo que eso deben hacer todos los partidos en 15 días, en clara alusión a la Plataforma de Unidad Democrática (PUD).
Según distintos analistas, la discusión se centrará en la transparencia de esa información electoral. Las actas de cada parte de la controversia deberán ser comparadas en caso de disputa. «El recurso es para que la Sala Electoral se aboque a aclarar todo lo que hay que aclarar. Tendrá la santa palabra de un proceso electoral sometido a ataques (informáticos) nunca vistos», dijo Maduro. Un día antes Luiz Inacio Lula da Silva había sugerido que la disputa sea dirimida en la justicia. La oposición no confía en el TSJ. De hecho una de sus autoridades, Caryslia Rodríguez, forma parte del PSUV y también ejerció cargos públicos. ha indicado. Posteriormente su pronunció Gustavo Petro. «Invito al Gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional», había pedido en la mañana del miércoles el presidente colombiano.
La sigilosa mano de la diplomacia brasileña se vio en otro de los capítulos de la crisis suscitada tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dar ganador a Maduro: el regional. El Gobierno de Lula aceptó representar los intereses de Argentina en Venezuela después de que el ministerio de Exteriores de ese país decidiera expulsar a los representantes de Buenos Aires y su embajada en Caracas. El ultraderechista Javier Milei expresa las posiciones más radicales de América Latina frente al madurismo.
Respuesta del Centro Carter
El Centro Carter, invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a observar los comicios, cuestionó la independencia del peritaje que Maduro solicitó al TSJ. Para Jennie K. Lincoln, quien encabezó la delegación del Centro Carter que trabajó en Caracas y emitió un documento lapidario sobre el proceso electoral, es dudoso que el máximo tribunal venezolano pueda realizar una evaluación independiente. «No necesitan al Tribunal Supremo. Lo que necesitan es cumplir con su deber, algo que pueden hacer y que han hecho en elecciones pasadas», señaló en alusión al CNE. El Centro Carter estimó que la contienda del 28 de julio no alcanzó los «los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional». Maduro expresó su disgustó por esas expresiones. «Cuando a (Andrés Manuel) López Obrador le hicieron un fraude descarado en 2006, ¿qué dijeron la OEA y el Centro Carter? Tenían el informe escrito».
El saldo luctuoso de las protestas
Maduro tuvo también un encuentro con la prensa internacional para reiterar que Venezuela es el escenario de una conjura internacional y que la «ultraderecha» ha intentado llevar adelante un golpe de Estado. Venezuela, dijo, «es un laboratorio, estamos enfrentándonos a la más criminal y sucia conspiración que hemos visto en muchos tiempos». El Gobierno respondió a las protestas, que, sostiene, han sido promovidas por «el narcotráfico colombiano, Elon Musk y el imperialismo», con una virtual militarización de las principales ciudades. «No vamos a permitir una guerra civil en Venezuela».
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rigths Watch, reveló al portal ´Efecto Cocuyo` que al menos 20 personas murieron durante los incidentes posteriores a los comicios. «Hemos visto directamente como hay capturas masivas de personas, de 40 o 50 personas, que se las llevan al mismo tiempo, incluso peor que en las protestas previas (…) Hay una ramificación de detención de opositores a una captura masiva de personas». El Gobierno asegura que busca evitar una «guerra civil».
