Desperfectos en la madera, en el marco y en la cerradura. Así ha quedado la puerta del departamento de informática del Ayuntamiento de Ronda (Málaga), después de que la Policía irrumpiera en la sala para requisar, por orden del Partido Popular y sin orden judicial alguna, tres ordenadores. Dos agentes del cuerpo municipal de la policía, de uniforme y de servicio se personaron en la casa consistorial y forzaron con una palanca la puerta del departamento de informática, causando severos daños a la puerta y sustrayendo equipos informáticos justo después de detectar anomalías en el proceso de adjudicación de plazas del funcionariado en el municipio.

ElPlural.com tuvo conocimiento del registro y la posterior sustracción de los equipos informáticos, y ahora también tiene constancia de la investigación abierta que se inició el pasado 24 de junio de 2024, fecha en la que se conoció que el consistorio rondeño suspendía de forma cautelar por presuntas irregularidades un proceso de selección por concurso-oposición de nueve plazas de personal funcionario de carrera auxiliar administrativo y que se presentaron en el Boletín Oficial del Estado. 

El propio ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, anunció el cese cautelar de esta convocatoria: «Habiéndose detectado posibles anomalías o irregularidades que pudieran afectar al desarrollo objetivo e imparcial del citado proceso de selección, se ha ordenado la realización de las actuaciones precisas a fin de esclarecer aquellas y garantizar la objetividad, transparencia, imparcialidad, profesionalidad y legalidad del proceso de selección, garante de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», argumentaban desde el consistorio malagueño.

«La suspensión cautelar se extenderá hasta tanto culminen las mismas, haciéndose público por este mismo medio las resoluciones que se adopten al respecto», finalizaba el texto del Ayuntamiento. 


Elevado a la Fiscalía Anticorrupción

Por otra parte, el grupo parlamentario del PSOE en Ronda ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción de Marbella la actuación policial, argumentando que el concejal que ordenó el registro se excedió en sus competencias y que es necesario mirar con lupa los motivos por los que se pone en marcha este registro.

«Ha sido el propio gobierno municipal quien ha ordenado la retirada de equipos informáticos de sus propias dependencias administrativas, tras haber detectado posibles irregularidades en el proceso de selección de nueve plazas de auxiliar administrativo», argumentaba la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobatoen un escrito remitido a este medio de comunicación. En otro comunicado, la propia Jefatura de Policía Local de Ronda también niega que su actuación fuese un «registro» y explica que la orden de requisar los ordenadores partió del Ejecutivo local. 

«Ha sido el propio gobierno municipal quien ha ordenado la retirada de equipos informáticos de sus propias dependencias administrativas, tras haber detectado posibles irregularidades en el proceso de selección de nueve plazas de auxiliar administrativo. Tales medidas se acordaron previa intervención del Secretario General del Ayuntamiento y de los funcionarios Jefes de Servicio de los departamentos afectados. Siguiendo instrucciones precisas, la Policía Local puso inmediatamente a disposición del funcionario Jefe del Servicio de Nuevas Tecnologías, los equipos informáticos intervenidos», argumentaba el cuerpo. 

«Si existen responsabilidades penales, también tienen que existir responsabilidades políticas. Si ha habido una filtración de datos o de un examen, ¿quién es el responsable de que se haya producido? La alcaldesa de la ciudad. Nos sorprende que esto pueda ocurrir porque pensábamos que estos asuntos estaban más encriptados y protegidos para que no pudiera ocurrir», añadía Francisco Cañestro, portavoz socialista en el municipio.

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