El Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la ley orgánica del poder judicial, que fue pactada por el PSOE y el PP el pasado mes de junio, tras acordar ambos partidos no aceptar ninguna enmienda de otros grupos a la iniciativa y tumbar el veto que planteaba Vox. Este es el último trámite legislativo tras haber pasado ya por el Congreso hace unas semanas. Los senadores socialistas y populares se han unido en un aplauso tras la votación, en la que solo han votado a favor esos dos grupos parlamentarios. Vox y Junts han dado su ‘no’ y el grupo Izquierda Confederal, UPN y PNV se han abstenido
La reforma la pactaron los negociadores de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el marco de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que llevaba con el mandato caducado cinco años. Entre los cambios a la ley orgánica se incluye una disposición adicional que da un plazo de seis meses al CGPJ para realizar un estudio sobre el sistema de elección, que deberá ser aprobado por tres quintos de los vocales. Esa propuesta que hagan se trasladará después al Gobierno y a las Cortes para que, basándose en ella, se presente una reforma legislativa para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación. Ese nuevo texto que se elabore deberá volver a pasar por el Congreso y el Senado, donde se necesitará mayoría absoluta por ser ley orgánica.
Entre los cambios de la ley aprobada por el Senado se incluye el aumento de la plantilla judicial y fiscal de 200 plazas cada año con el objetivo de que en un lustro haya un aumento de mil jueces y fiscales.
Según la senadora del PP María José Pardo, estos cambios garantizan la despolitización de la justicia y el fin de las puertas giratorias, algo en lo que, sospecha, «no cree» el PSOE de Pedro Sánchez, aludiendo a que le han forzado a hacerlo. A partir de ahora ya no se permitirá que los vocales del poder judicial hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores. Además, la nueva norma refuerza los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo, incrementando a 20 años el tiempo de carrera judicial e introduce un régimen de incompatibilidades para los miembros del CGPJ y de la Fiscalía.
Marta Arocha, portavoz del PSOE, ha subrayado el aumento de requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo y la introducción de un régimen de incompatibilidades para los miembros del CGPJ y la Fiscalía.
