El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado requerimientos de información a los principales supermercados de España para comprobar si la reducción del IVA que se aplica sobre el aceite de oliva se ha trasladado correctamente al precio final del producto. Lo hace tras recibir varias denuncias de la asociación en defensa de los derechos de los consumidores Facua, la última de ellas reclamando respuestas a por qué la misma marca de aceite se vende en el mismo supermercado a distinto precio en función de donde esté situado el establecimiento.
Es en parte por eso –y en parte por las variaciones de precio que ha ido detectando estos meses– que la asociación ha insistido una y otra vez en difundir sus sospechas. «Tenemos la absoluta convicción de que se está produciendo un fraude masivo a los consumidores«, lanzaba la semana pasada el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. «Todas las manipulaciones o movimientos de precios al alza que se produzcan y que sean ajenos a incrementos en los costes, absolutamente todos, son ilegales», recordaba el mismo.
Con todo, y pese a que señalan con mucho ahínco a los supermercados como culpables de esta situación, contra quien más ha alzado la voz Facua ha sido contra el Gobierno. Primero, contra el ministerio de Agricultura, por prometer poner mecanismos de control de los que no han vuelto a saber nada. Segundo, contra el antiguo ministro de Consumo, Alberto Garzón, que aseguró no tener competencias para investigar este tipo de comportamientos. Tercero, aunque con mucho menos enfado, contra el actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que sí reconoció ciertas competencias y sí se comprometió a vigilar el asunto, pero del que seguían sin tener respuesta. Hasta ahora.
«La obligación de la Dirección General de Consumo y del propio Ministerio es comprobar que la reducción del IVA al 0% está siendo aplicada de manera íntegra por los supermercados, único eslabón de la cadena de producción del aceite de oliva en la que Consumo tiene competencias para poder actuar», contextualiza el organismo público en un comunicado, en el que también aprovecha para descargar algo de responsabilidad. «Para garantizar que se está respetando los derechos de las personas consumidoras y las decisiones tomadas por el Ejecutivo sería necesario una investigación completa de todos los eslabones de la cadena de producción del aceite de oliva«, advierten.
Implicación de la CNCM
En este sentido, Consumo asegura haber trasladado la denuncia de Facua a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda «contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado». De todos modos, esta institución ya hizo un estudio del estilo hace un año con todo el conjunto de productos de alimentación a los que se tenía que reducir el IVA y concluyó que los supermercados habían aplicado correctamente esta rebaja.
«Esta iniciativa amplía las actuaciones en curso para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no va en ningún caso a alimentar el margen de beneficios de los distribuidores minoristas«, justifica Bustinduy, que también se ha comprometido a remitir la información recabada a lo largo de estas actuaciones al Observatorio de la Cadena Alimentaria.
