El acuerdo entre los socialistas catalanes (PSC) y ERC para desconectar a Cataluña del régimen de financiación común y otorgarle la «soberanía fiscal» («independencia fiscal», en palabras de dirigentes republicanos), de modo análogo a la que disfrutan el País Vasco y Navarra (recaudación y gestión de todos los impuestos en su territorio a cambio del pago de una cantidad o cupo al Estado), asume prácticamente el conjunto de las exigencias que la Generalitat, bajo el Gobierno de Pere Aragonès (ERC), formuló semanas antes de las elecciones del pasado 12 de mayo. A cambio de la investidura del socialista Salvador Illa, el PSOE accede a que Cataluña multiplique sus recursos y su capacidad de gestionar los impuestos mediante un nuevo modelo fruto de una negociación estrictamente «bilateral» entre el Estado y la Generalitat (sin contar con el resto de autonomías). Del texto, conocido ayer, se infiere que el pacto mutilará la contribución catalana a la financiación de las regiones con mayores necesidades y que las primeras consecuencias de ello serán casi inmediatas.
La «infrafinaciación». El texto concertado entre el PSC (con la anuencia de la dirección nacional del PSOE) y ERC (que lo someterá a consulta entre sus bases) parte de reconocer que «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios». Añade el texto que esa «insuficiencia financiera crónica» (y no la gestión política de los recursos disponibles) es lo que ha «lastrado» la prosperidad de los catalanes. Los socialistas asumen el discurso de la «infrafinanciación catalana» aunque, como muestra un estudio muy reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los ingresos obtenidos por habitante en Cataluña durante el período 2002-2021 han sido iguales al promedio de las catorce comunidades de régimen común.
Recaudarlo todo. La «soberanía fiscal» que obtiene Cataluña consiste en la capacidad de recaudar con su propia agencia tributaria todos los impuestos del Estado dentro de su territorio (IRPF, IVA, Sociedades, especiales…). Supone tener la llave de la caja, como el País Vasco y Navarra. Con ello, según estimaciones adelantadas ayer por ERC, los ingresos fiscales de Cataluña se incrementarán en 30.000 millones anuales (hasta llegar a los 60.000), antes de descontar el cupo que la Generalitat pagaría al Estado y de una aportación por definir de «solidaridad» con el resto de territorios.
«Solidaridad» limitada. La negociación siempre «bilateral» entre Madrid y Barcelona concretará «la aportación catalana a la finanzas del Estado, integrada por el coste de los servicios que presta en Cataluña, y la aportación a la solidaridad». Sobre el alcance de esta última, el acuerdo únicamente alude a que «debe ser explícita y reflejarse de manera transparente». Y matiza: «La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar».
Esa referencia al «esfuerzo fiscal» se redondea así: «La solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad». Esto es, socialistas y republicanos comparten que los recursos por habitante que reciban las regiones pobres no deben ser superiores a los que obtienen las ricas, al contrario de lo que ocurre ahora en numerosos casos.
Lo primero, el IRPF. Con arreglo al documento, las negociaciones y reformas necesarias para desconectar a la Generalitat de la caja común se irán concretando dentro del primer semestre de 2025. El proceso conlleva una reforma de la ley de financión autonómica y local (LOFCA) que requiere de mayoría absoluta en el Parlamento. El texto no concreta más sobre el calendario, si bien anticipa que el traspaso de competencias a la agencia tributaria catalana empezará por el IRPF, de forma que la campaña de la renta de 2026 se realice ya directamente por el recaudador de la Generalitat.
Período transitorio. «Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación», el pacto fiscal prevé que se tomen otras decisiones de calado a corto plazo. En primer lugar, Cataluña recibirá, antes de salir del régimen común, «un incremento sustancial de recursos» para «compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del modelo actual». Esa fase inmediata y transitoria conllevaría, además, la aplicación estricta al conjunto de regiones de la «ordinalidad según la capacidad fiscal» (que reciban más quienes, por su dinamismo económico, recaudan más»). Aparece reflejado así: «Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben». Este cambio «estructural», previsto para 2025, alteraría de forma sustancial el orden actual de la financiación. Madrileños, baleares y catalanes serían por ese orden los que más recibirían. Extremadura, tercera que más obtiene ahora, pasaría a la cola. Y Asturias perdería posiciones: de ser la sexta región mejor financiada (como media, en los últimos veinte años) bajaría a la octava plaza.
Para amortiguar el rechazo que ello generará en muchas regiones, el Gobierno prometió ayer más dinero a todas ya para 2025.
