El preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, como president incluye el compromiso de mantener los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Se trata de dos tasas que desde Junts se había abogado por eliminar y que afectan, fundamentalmente, a rentas altas. Si sale adelante este acuerdo entre ambos partidos, los de ERC se posicionan del lado de los socialistas y arrinconan a la otra formación independentista en su voluntad de acabar con los mismos.
Esquerra trasladará a sus bases este viernes el texto que deberán apoyar o rechazar el texto antes de que la cúpula política lo firme. Si sale adelante, además del mantenimiento de estos impuestos, también pactarían que no se aplicaría ninguna deflactación en los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Esto significa que aunque la inflación lastre el poder adquisitivo de los sueldos, los tramos del impuesto de la renta se mantendrían estables y no se rebajarían para salvaguardar el poder de compra.
No es la única de las medidas fiscales que han pactado Esquerra y PSC pero sí muestran una sintonía de la que queda fuera Junts. De hecho, los de Puigdemont presentaron en su programa electoral varias medidas para rebajar el IRPF. Por una parte, proponían rebajar los tramos más bajos y, por otra, prometían deflactarlo un 5% para «paliar la inflación». En el mismo documento, desde Junts apostaban por bonificar al 99% el impuesto sobre Sucesiones y por la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio cuando la Generalitat tuviera competencias para ello.
La financiación de Cataluña es uno de los asuntos centrales del documento de 25 páginas que han acordado ambas formaciones políticas. Tanto es así que plantean «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes».
Es llamativo que el texto, consensuado entre socialistas y republicanos, recoge afirmaciones propias del independentismo, como la «infrafinanciación»: «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces el que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras». No obstante, cabe recordar que la región fue la que más recursos recibió a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico en 2023.
Si sale adelante este pacto, la Generalitat sería la que «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea». Para llevar a cabo estos cambios y que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma competencias que ahora están en manos de la Administración Tributaria Estatal (AEAT) se tendrán que producir cambios normativos.
De hecho, el texto también hace mención al «impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos en Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos».
