Una de las reclamaciones esenciales de ERC radica en aumentar la soberanía fiscal mediante la recaudación de todos los impuestos y luego pagar al Estado por las competencias no transferidas y establecer un fondo con una proporción por determinar a modo de solidaridad interterritorial. Los pilares son la bilateralidad, en vez de la multilateralidad actual con las otras 14 comunidades de régimen común; y la «singularidad». Pero ¿en qué se parece a la fórmula vasca y navarra, los dos modelos al margen del régimen común regulado por la ley orgánica de financiación de la comunidades autónomas (Lofca)?
1. La relación con el Estado
El concierto económico, el sistema de financiación propio del País Vasco, recogido en la Constitución, se basa en las relaciones bilaterales tributarias y financieras del Estado y Euskadi. Está vigente desde finales del siglo XIX, con el paréntesis del franquismo en Vizcaya y Guipúzcoa. Es un pacto entre iguales basado en los antiguos fueros, que eran las normas que rigieron durante siglos en los territorios vascos y que incluían, entre otros poderes, la recaudación de impuestos. En el caso de Cataluña, el modelo acordado entre ERC y los socialistas también se basa en principio en una relación bilateral de la comunidad con el Estado, lo que supone salir del régimen comnún en el que están 15 autonomías (incluida Cataluña).
2. La contribución al conjunto
El cupo es la contribución que tiene que afrontar y pagar el País Vasco al Estado para sufragar las competencias no transferidas, como las de Defensa, embajadas en el exterior y otros. Se fija cada cinco años mediante un índice de actualización que no se ha renovado desde hace años. Se mantiene en el el 6,24% del gasto del Estado. En el País Vasco consideran que su contribución está por encima de su peso económico, situado en 2023 por debajo del 6%; y poblacional, por debajo del 5%; mientras que desde otros ámbitos se le ha tachado de sistema insolidario. Y lo mismo sucede con el sistema navarro. El problema es que esta proporción a partir de la que se paga al Estado lleva años sin actualizarse, lo que puede tanto beneficiar como perjudicara a estos territorios. La propuesta acordada en Cataluña consiste también en acordar el pago al Estado por la prestación de servicios que no están transferidos o que están centralizados. Esta contribución a los gastos del Estado se establecerá mediante un porcentaje de participación en los tributos, según el acuerdo alcanzado. Según los últimos datos, Cataluña aporta unos 2.300 millones más de los que recibe, frente a unos 6.000 millones de Madrid y 330 millones de Baleares, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Son las tres comunidades contribuyentes netas.
3. Los impuestos
Los territorios históricos (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba-Álava), a través de sus Instituciones (Juntas Generales) deciden los impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, Especiales) que los ciudadanos deben pagar y su cuantía y además se encargan a través de las Diputaciones Forales de gestionar, recaudar e inspeccionar. La recaudación se mete en una bolsa común, de la que se deduce el cupo que cada año se paga al Estado. En torno al 70% del total va destinado al Gobierno vasco, que financia con esos recursos los servicios a la ciudadanía. Las diputaciones forales se quedan con el resto. Una parte de esa cantidad se la reservan para sus propios presupuestos y la otra la distribuyen entre los ayuntamientos de su territorio histórico.
En el caso de Cataluña, el acuerdo también se basa en la recaudación y control sobre los tributos. En este caso será la Agència Tributària de Cataluña (ATC) la que recaudará, gestionará e inspeccionará todos los impuestos que se pagan en el territorio, excepto los locales. Al plantear su propuesta, Esquerra aseguró que las comunidades de régimen común tienen poca autonomía financiera, y escasas competencias para regular y recaudar los impuestos. Actualmente, los territorios solo tienen capacidad plena sobre los tributos propios, que suponen el 3% de los ingresos totales. Desde los länder alemanes a los estados de EEUU y las provincias de Canadá, todos los territorios de países federales, recaudan los impuestos, según ERC.
4. La solidaridad
A partir de los ingresos obtenidos en Euskadi se paga al Estado una cantidad por los gastos acordados en el cupo, que también incluye la parte que corresponde al País Vasco por los recursos destinados a entes públicos con competencias estatales (aeropuertos o los ferrocarriles, entre los que se incluye el AVE), así como la amortización y los intereses de la deuda pública española; y la aportación a la solidaridad a las comunidades con menor renta que reparte el Estado a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Es el sistema contrario al del régimen común, en el que todavía está Cataluña: La Agencia Tributaria estatal recauda los tributos estatales, del IRPF al IVA o Sociedades, y luego distribuye los recursos siguiendo los requisitos que fija el sistema de financiación autonómica.
En la fórmula acordada por ERC y el PSC, se menciona la creación de un fondo específicamente destinado a las comunidades con menor capacidad fiscal, pero no lo cuantifican. En todo caso se tendrá que tener en cuenta el principio de ordinalidad, es decir, que una vez realizada la distribución de recursos las comunidades que más aportan no queden muchos puestos por debajo de las que más reciben. En otros países federales los mecanismos de nivelación y solidaridad no afectan sustancialmente a la ordinalidad. En cambio, el modelo vigente hace que Cataluña, que es el tercer territorio que más aporta con en torno al 18% por encima de la media por habitante caiga al décimo puesto en el reparto de recursos y, si se tiene en cuenta el coste de la vida, cae al puesto 14.
Esta contribución a la solidaridad deberá ser «explícita» y reflejarse «de manera transparente», establece el acuerdo. El objetivo es que los servicios prestados por otras autonomías a sus ciudadanos «puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» . Y además, esta solidaridad «debe estar limitada por el principio de ordinalidad». Este aspecto no es tan evidente en el modelo vasco.
5. El instrumento
Igual que en los territorios históricos de Euskadi son las diputaciones forales las que se encargan de la gestión, recaudación e inspección de los impuestos, en el caso de Cataluña esta labor corresponderá a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que empezó a funcionar en 2008. Todo ello, que se realizará de manera paulatina, requerirá el traspaso de personal de la agencia estatal, medios materiales, económicos y tecnológicos. En el primer semestre del año que viene la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat deberá acordar las medidas oportunas, desde el aumento de la capcidad normativa por parte de la Administración catalana hasta las reformas necesarias de la Lofca, de la ley de financiación de las comunidades autónomas y de la de cesión de tributos a Cataluña para adaptarlas al nuevo modelo «singular» para Cataluña. También se negociará el año que viene para que la ATC se ocupe del IVA de las pymes según su domicilio fiscal en vez de basarse como ahora en la estadística de consumo; así como la extensión del modelo a otros tributos. También, una vez que se apruebe la directiva europea, se establecerá en la ley del IVA que Cataluña pueda decidir si aplicar en todo o en parte el IVA a los alquileres turísticos.
6. Las inversiones
El pacto con los socialistas establece la constitución de un consorcio paritario Estado-Generalitat para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la baja ejecución con respecto a lo presupuestado por el Estado. Este organismo se ocupará de la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Está previsto que se defina un marco plurianual de financiación del convenio que tendrá en cuenta la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado.
7. Las ventajas
Gracias a este modelo, Euskadi ha dispuesto de recursos suficientes para desarrollar el autogobierno y financiar sus competencias, que son muy amplias. De hecho, esta comunidad está en cabeza del gasto por habitante en sanidad, educación, servicios sociales y otras múltiples variables, según destaca el propio Ejecutivo vasco. A su vez ha permitido una inversión en carreteras muy superior a la del resto de España, y un fuerte gasto público en medidas de apoyo a la industria, investigación, lucha contra la pobreza, seguridad o impulso al euskera, entre otras materias. Y las instituciones vascas cuenta con granautonomíaa para elaborar sus Presupuestos, sin depender de la aportación de fondos que realicen el Ministerio de Hacienda, como sucede con las comunidades de régimen común.
ERC entiendce que el sistema de financiación vigente actual, que debería haberse revisado hace más de una década, adeolece de problemas con el desequilibrio vertical, «que se agrava cada año». El Estado recauda mucho más que las comunidades, cuando son las autonomías las que tienen competencias sobre sanidad o educación.
Suscríbete para seguir leyendo
