PSC y ERC han cerrado un preacuerdo, aceptado por la formación independentista, para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un pacto que tendrá un gran precio fiscal para el Estado. Según indican los republicanos, los socialistas se comprometen a que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos y que la región salga del Régimen Común de financiación autonómica.
Es decir, que Cataluña tendrá un concierto económico propio, al estilo de País Vasco y Navarra. El primer paso, según ha indicado la portavoz de ERC, Raquel Sans, se dará en 2026, cuando la Generalitat sea la que gestione la declaración de la renta de los catalanes correspondiente a 2025.
De esta manera, Cataluña dará pasos hacia una soberanía fiscal que quedará refrendada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Es decir, que se harán los cambios legislativos necesarios. Cambios para los cuales será necesaria la mayoría absoluta del Congreso.
Solidaridad
Hasta que se gestionen todas estas modificaciones legislativas y se geste la citada «soberanía fiscal«, la portavoz de los republicanos ha explicado que Cataluña «pagará al Estado por los servicios que presta a Cataluña» y, adicionalmente, «una cuota de solidaridad» que será «transparente y clara». Eso sí, ha puntualizado, hasta que consigan la «independencia» respecto al propio Estado español.
Cabe recordar que en 2023, la recaudación tributaria superó los 53.500 millones en la región. Casi la mitad, unos 23.000 millones, en concepto de IRPF.
Así, si la Generalitat pasase a gestionar el 100% de los tributos, manejaría más de 50.000 millones de euros cada año, que supone el 19,7% de la recaudación tributaria de España.
El objetivo es que el nuevo sistema, con Cataluña fuera del régimen común, se mantenga «aunque cambie el Gobierno de España«, ha afirmado Sans, en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de ERC.
«Para preparar nuestro objetivo, que es la independencia, tenemos que estar más fuertes«, ha indicado la republicana.
Según ERC, dentro del preacuerdo cerrado con el PSC de Illa (y refrendado por su ejecutiva), también se incluyen medidas para la difusión y protección de la lengua catalana. Entre ellas, incluso una consejería dentro de la Generalitat.
