El número de beneficiarios del bono social eléctrico se ha disparado en Asturias desde que hace más de tres años se inició la crisis de precios energéticos, que se agravó con la invasión rusa de Ucrania y que aún colea. En ese periodo más de 15.000 familias asturianas se acogieron al programa de descuentos en el recibo de la luz para hogares vulnerables. En total son ya 43.405 familias asturianas las que se benefician del bono social eléctrico, un récord según datos del Ministerio para la Transición Ecológica cerrados a la conclusión del pasado mes de mayo.
La parte positiva es que las ayudas llegan cada vez a más hogares. La negativa es que cada vez más familias las siguen necesitando. A pesar de ello, el Gobierno eliminó este mes una de las cuatro vías de acceso al bono y, cuando acabe el año, comenzará a reducir los descuentos que aplica.
Solo en el último año, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, en un periodo en que los precios eléctricos ya estaban lejos de los picos históricos, la cifra de receptores del bono social en Asturias creció en casi 4.600 nuevas familias, con un aumento de casi el 12%.
El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de las familias (vulnerables, vulnerables severas o en riesgo de exclusión social), pero con las medidas anticrisis del Gobierno los descuentos se elevaron temporalmente hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios. Esa subida extraordinaria de las ayudas de momento sigue vigente, pero el Ejecutivo aprobó una reducción escalonada de los descuentos a partir del próximo octubre, a razón de un 7,5% trimestral, para volver de forma paulatina a las rebajas normales ya en julio de 2025. En la convalidación del decreto en el Congreso, Podemos forzó que el recorte empezara a partir del inicio del próximo año.
De los 43.405 beneficiarios del bono social eléctrico que había al cierre de mayo en Asturias, 15.655 lo son por ser considerados hogares vulnerables, 26.153 por ser vulnerables severos, 65 por estar en riesgo de exclusión y 1.532 por ser hogares de bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética. Estos últimos –los denominados por el Gobierno beneficiarios del bono social de justicia energética– han dejado de tener acceso a los descuentos (del 40% del recibo en su caso) desde el pasado 31 de junio. El Ejecutivo decidió no incluir la prórroga en el último paquete de medidas anticrisis, por lo que la vigencia del denominado bono social de justicia energética no alcanzó los dos años.
Los beneficiarios del bono social eléctrico por esa vía extinguida también eran los únicos que no tenían acceso al bono social térmico, un cheque ayuda para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción mediante un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en que vivan los beneficiarios.
Los requisitos para poder solicitar el bono social eléctrico y acceder también al bono térmico son tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual –no se accede, por tanto, desde el mercado libre de la electricidad–, cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta establecidos, y cumplir con los límites de energía sujeta a descuentos del bono social eléctrico.
Uno de cada cuatro receptores del bono social en España lo obtuvieron por su condición de familia numerosa (las que tienen tres o más hijos). Más de 405.000 familias numerosas percibían las ayudas a final de mayo, según los datos del Gobierno, en los que no se desagrega dentro de este colectivo las diferentes tipologías de receptores. Sí lo hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que con datos hasta el cierre de diciembre de 2023 muestra que la mayoría de las familias numerosas se benefician del descuento (en este caso una rebaja del 25% de la factura) solo por serlo, y una parte sí que lo percibe como consumidor vulnerable severo por su bajo nivel de renta (el descuento en este caso puede ser de hasta el 80%). Del total de 380.500 familias numerosas beneficiarias en diciembre, solo con 133.346 se tenía en cuenta su renta por su condición de consumidor vulnerable severo.
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