El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado este lunes la nueva actuación del Ejecutivo de coalición para “garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho recogido en nuestra Constitución”. El mandatario español ha presentado el bautizado como Plan de Facilidad para Promoción de Vivienda Social, que se desarrollará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), e impulsará la promoción de 43.000 viviendas para su posterior alquiler social o asequible, durante un periodo mínimo de 50 años.
Para este cometido se destinarán un total de 6.000 millones de euros a través de dos vías. Por un lado, el convenio firmado crea una nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros, vinculados a la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que podrán solicitar promotores públicos y privados para la construcción de las viviendas. Asimismo, los 2.000 millones restantes corresponden a una línea de avales suscritos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y cuyo objetivo es “dar cobertura parcial a las operaciones incluidas en el Plan”.
“No podemos esperar a que el mercado provea una solución por arte de magia”, ha defendido Sánchez durante su declaración posterior a la firma, en la que también han rubricado el documento la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo; y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Durante su comparecencia, el líder socialista se ha referido a las personalidades implicadas en el desarrollo del convenio en más de una ocasión y ha reiterado su argumento.
“Todos hemos aprendido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que no hay milagros y que la mano invisible del mercado de la oferta y la demanda no es suficiente para garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda”, ha defendido. Además, buscando despolitizar las actuaciones en materia de vivienda, Sánchez se ha apoyado en las palabras de Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro de la familia del Partido Popular Europeo, en defensa de las actuaciones públicas para abordar la crisis de la vivienda.
“Compartimos con la presidenta de la Comisión Europea la voluntad de un Gobierno que desde el primer minuto ha estado decidido a garantizar una vivienda digna como un derecho recogido en nuestra Constitución”, ha expuesto. Así, y pese a que ha reconocido las limitaciones del Gobierno al estar la mayoría de competencias en esta materia repartidas entre comunidades autónomas y ayuntamientos, ha garantizado que su administración “no se abstrae”, sino que “utiliza todas las palancas de la Administración General del Estado”.
“La voluntad de hacer desde los poderes públicos, la misma que nos llevó a lo largo de la pasada legislatura a la primera ley de Vivienda de la historia de la Democracia, nos ha llevado a multiplicar por ocho los recursos presupuestarios destinados a política de vivienda o a impulsar el plan para el alquiler asequible”, ha puesto en valor. El jefe del Ejecutivo ha continuado enumerando las actuaciones desarrolladas durante estos años, desde el bono joven hasta los 2.500 millones de euros de avales para la compra de la primera vivienda, como ejemplo del compromiso de su Gobierno
Blindar la vivienda pública, “pagada con el dinero de todos los contribuyentes”, ante las privatizaciones que vivimos en la última década “producto de las crisis financieras y el acoso de los fondos buitre” es el objetivo marcado por Sánchez, que en su sesión de investidura prometió incrementar el parque de vivienda pública en 180.000 inmuebles, acercando al país a la media europea, ubicada en torno al 10%, que se ubica más de siete puntos por encima de la española.
“A quienes dudaban de la determinación del Gobierno por alcanzar este compromiso quiero recordarles que ya hay más de 80.000 en diferentes fases de desarrollo”, ha defendido. No obstante, ha reconocido que “queda mucho por hacer para convertir en una realidad lo que dice la Constitución y cumplir en un pilar la política de vivienda pública”.
Dos ejes estratégicos más
Más allá del abordaje social del acceso a la vivienda, Sánchez ha defendido que el convenio firmado hoy afecta a otros dos ejes de relevancia para su Gobierno: la colaboración público-privada y la eficiencia energética. En el caso del primero, ha defendido que la construcción de estas 43.000 viviendas “permitirá a los promotores acceder a recursos financieros en cantidad y calidad suficientes”, lo que favorece a territorios y empleos”, si ha deshecho en elogios con el sector de la construcción.
En materia de eficiencia energética ha destacado que “es importante reforzarla”. “No es construir o rehabilitar, sino hacerlo también de forma sostenible y garantizando la neutralidad climática”, ha desarrollado, asegurando que también existe un ahorro económico y una ganancia estratégica. “Pagamos menos si hacemos ese esfuerzo, obligatoria a partir de 2030 para todos los edificios de nueva construcción. Convirtamos esta apuesta en una gran oportunidad para España a la hora de ganar competitividad, prosperidad y bienestar”, ha zanjado.
