En las zonas de Ucrania controladas por el ejército ruso, la propiedad inmobiliaria se torna en un derecho relativo, cuando no inexistente: depende de lo que decida la autoridad ocupante. Lo denuncia un informe ucraniano sobre violaciones legales derivadas de la invasion fechado el pasado mes de junio, y con la denuncia se coloca a la vista un daño adicional, entre los ya conocidos de la guerra: las expropiaciones de inmuebles.
El mecanismo, que relata un trabajo del ministerio ucraniano para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, responde a una lógica de la invasión. Primero es puramente militar; después, cuando se consolida, deviene en lógica burocrática. El proceso afecta y angustia a miles de refugiados en España y otros países europeos, confirman fuentes del entramado de organizaciones de ucranianos en la diáspora.
En el momento en que un batallón ruso cronifica su posición en una aldea o población mayor, en ese territorio ocupado deja de estar vigente la legislación ucraniana y ponen en vigor las leyes rusas. Sobre ese punto de partida Moscú se hace con las casas que dejaron atrás vecinos que huyen de los bombardeos y combates, pero también con las viviendas de quienes no reconocen la autoridad administrativa rusa, quienes no son reconocidos como ciudadanos rusos o, simplemente, quienes carecen de papeles oficiales, escrituras, recibos, contratos, con los que acreditar herencias o lindes.
Nacionalización
Se ocupan de aplicar las expropiaciones en un principio miembros de la policía militar que llegan tras los pelotones de vanguardia. A menudo no hay que ejecutar lanzamientos, pues los legítimos propietarios, simplemente, han desaparecido. Después la situación se oficializará de facto con la llegada de funcionarios de la administracion rusa enviados para fijar la situación.
Así, casas tomadas en la invasión acaban habitadas por médicos, profesores, administrativos, policías y otros funcionarios mandados por Moscú, según el informe ucraniano. Habitantes de las áreas de Kherson y Melitopol han informado a Kiev de la acción de grupos de «visitantes», que recorren los barrios para comprobar que las viviendas han sido reinscritas en el registro ruso de la propiedad. Si no es así, se requisan.
En una zona por la que ha pasado la guerra, la maquinaria burocrática militar y civil rusa se impone de facto: una casa abandonada por sus propietarios en la huida es declarada oficialmente «sin dueño» aunque se trate de un patrimonio familiar transmitido durante generaciones.
Y en la Federación Rusa, una casa que no tiene propietario conocido se entiende que es propiedad del Estado. Se procede pues a una nacionalización de facto. Y esta no queda sin efectos prácticos. Las autoridades de Kiev han incluido en su informe sobre violación de derechos la reocupación de viviendas con familias rusas. Es el caso de pobladores de Siberia y los Urales afectados por una racha de inundaciones: Moscú los ha trasladado a viviendas disponibles en Severodonetsk.
Esta práctica no se limita solo a las viviendas, también a los negocios. Los locales de tiendas, bares u otro tipo de actividades comerciales o servicios quedan también nacionalizados si el dueño no está para suscribir la legislación rusa.
También en Lugansk grupos de funcionarios confiscadores empleados por Moscú o afectos a la nueva autoridad militar recorren los barrios en busca de viviendas que rusificar.
Listas de asignación
Según se mueve su ejército, Rusia va adquiriendo una bolsa de vivienda tomada por las armas. Una vez expropiada, la vivienda se asigna a nuevos vecinos según una lista de prioridades del nuevo poder. Así, están primero personas que han perdido su techo por los bombardeos y se han apuntado ante la nueva adminstración como necesitados. También tienen preferencia los funcionarios desplazados desde otros puntos de la Federación para las tareas de ocupación.
Según el informe ucraniano, una parte de esas viviendas proceden de tomas previas en el frente de batalla: llega el ejército ruso a una línea de frente y desaloja a la fuerza a los pobladores para instalar a sus oficiales. Esa casa, después de la confiscación militar, acaba no retornando a su antiguo inquilino.
El atropello tiene otras vertientes de la rusificación sistemática. El ciudadano ucraniano que ve tomado su pueblo o su barrio tiene que acomodar su vieja escritura al registro ruso. Pero para eso, antes del trámite inmobiliario ha de hacer otro con carga política: obtener pasaporte ruso. Quien no tiene documentación rusa no puede ejercer derecho alguno ante la administración de Moscú.
El artículo 46 del Reglamento de La Haya sobre Leyes y Usos de la Guerra Terrestre prohibe taxativamente «la confiscación de la propiedad privada», recuerdan en el informe las autoridades de Kiev.
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