La causa abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias vivirá un momento clave la próxima semana, cuando el martes declare como testigo el jefe del Ejecutivo, tras negarse el juez a que lo haga por escrito como lo había solicitado.
Es la primera vez que un juez se desplazará a la Moncloa para tomar declaración como testigo a un presidente del Gobierno en ejercicio, en una decisión recurrida por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que entienden que debe anularse o, en todo caso, llevarse a cabo por escrito porque se trata de hechos relacionados con el cargo de jefe del Ejecutivo. Estos recursos aún no han sido resueltos.
Sánchez también envió esta semana un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el que decía que quiere colaborar con la justicia y precisaba que, según el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su declaración deber ser por escrito por razón de su cometido como presidente del Gobierno.
«Es notorio -añadía- que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno».
Pero el juzgado, en una resolución que firmó el viernes el magistrado Carlos Valle, sustituto de Peinado, rechazó esa petición y mantuvo su citación el próximo martes en el Palacio de la Moncloa, alegando que se ha citado a Sánchez a declarar como testigo en calidad de esposo de la investigada, no por hechos que haya conocido por razón de su cargo.
No obstante, precisa el juez que si Sánchez cree que puede colaborar «eficazmente» con la Justicia trasladando «hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo» de presidente del Gobierno, puede comunicárselo el martes para que, entonces sí, preste una nueva declaración por escrito.
Contra esta resolución puede presentarse aún un recurso de reforma en el plazo de tres días.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a determinados altos cargos comparecer desde su domicilio o despacho «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo», y permite al testigo no declarar en contra de su cónyuge, aunque «puede hacer las manifestaciones que considere oportunas».
De cara a la declaración del presidente la Fiscalía ha pedido al juez que aclare la providencia en la que estipulaba que una comisión judicial se trasladaría a la Moncloa y que la declaración quedaría grabada, ya que no precisa si estarían presentes ni el ministerio fiscal ni las otras partes, algo que considera necesario para garantizar los derechos de la investigada y del resto de personados en el proceso.
Muy contraria a esta postura es la posición de las acusaciones populares en la causa, dirigidas por Vox, que a lo largo de la semana han solicitado al juez que mantenga la declaración presencial en el Palacio de la Moncloa.
Vox, Hazteoír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España sostienen que Sánchez ha tenido conocimiento del procedimiento «por ser el esposo» de Begoña Gómez y no por ser presidente.
Inciden además en que Sánchez tampoco podría acogerse a la dispensa legal que le exime de testificar en contra de su mujer, ya que hay otros dos investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos investigados, y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Precisamente estos dos nuevos investigados prestarán declaración un día antes que Sánchez, el lunes, tras haber declarado ya como testigos ante el magistrado.
Barrabés ha presentado un recurso contra esta decisión por carecer «de cualquier justificación» porque «de lo actuado no se deduce en el mismo ninguna actuación no ya delictiva, sino simplemente irregular».
El lunes el juez también quiere escuchar la versión de tres testigos: el presidente del instituto de empresa, Diego del Alcázar, el consejero delegado del grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés, y el director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) Félix Jordán de Urriés, a quien un abogado ajeno a la causa identificó en un escrito como la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con Barrabés.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha recurrido las citaciones de estos testigos por «la falta absoluta de motivación», lo que «convierte estas diligencias testificales, en impertinentes y a estas resoluciones en nulas de pleno derecho».
