El PSOE y ERC tienen prácticamente cerrado el pacto para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, con el fin de que sus respectivas ejecutivas (la del PSC, en el caso de los socialistas) ratifiquen este lunes los compromisos adquiridos.
Los dirigentes de ERC consultados por EL ESPAÑOL señalan que este pacto constituye «el mayor avance en financiación para Cataluña conseguido en 40 años» y se muestran «sorprendidos» de «hasta dónde ha sido capaz de llegar el PSOE» para hacerse con el gobierno de la Generalitat.
Hasta el último minuto, el tira y afloja entre ambos partidos se ha mantenido en torno a la exigencia de «soberanía fiscal», que ERC plantea para que la Generalitat pueda recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.
Las conversaciones incluían otras tres carpetas (sobre identidad nacional, políticas sociales y lengua catalana), pero ha sido la de la financiación la que ha inclinado definitivamente la balanza para cerrar el acuerdo.
Las fuentes socialistas consultadas confirman que el pacto es inminente, y sus detalles se darán a conocer en las próximas horas.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira (que pudo regresar a España el pasado día 12 gracias al archivo de la causa del Tsunami Democràtic, en la que estaba investigada) ha llevado personalmente la negociación con la dirección del PSOE.
Las dos facciones en las que hoy está partida la dirección de ERC, la que lidera Marta Rovira y la encabezada por Oriol Junqueras, reconocen no obstante una enorme inquietud sobre la consulta convocada para el próximo jueves, 1 de agosto, en la que los militantes del partido deben ratificar el acuerdo.
Más aún, en medio de la grave fractura interna en la que se encuentra sumida la formación política, con acusaciones de «guerra sucia» por la difusión de carteles contra los hermanos Maragall (en la campaña de las municipales de 2023) y contra el propio Junqueras.
Por este motivo, hasta el jueves Rovira se va a volcar para exponer que el acuerdo resulta extraordinariamente positivo no sólo para los intereses del partido, sino también para Cataluña, que se va a colocar en una situación muy próxima a la deseada «soberanía fiscal».
Porque la alternativa, si los militantes rechazan finalmente el acuerdo, sería una repetición electoral para el mes de octubre en la que podría acentuarse el descalabro sufrido por ERC en las catalanas del 12-M. Nadie en la dirección de la formación política independentista quiere asomarse a ese escenario.
El expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha permanecido en todo momento al margen de la negociación y no ha sido hasta las últimas horas cuando ha sido informado de los detalles del acuerdo.
No obstante, un portavoz oficial de Junqueras ha transmitido a EL ESPAÑOL su «absoluta confianza» en el acuerdo al que pueda llegar Rovira y su convicción de que será tan «provechoso» como las negociaciones que encabezó para lograr la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y la cesión de la gestión de Rodalies a la Generalitat.
En la dirección de ERC existe aún un segundo motivo de preocupación, debido al órdago lanzado el sábado desde el sur de Francia por el líder de Junts, Carles Puigdemont, quien ratificó su intención de acudir al debate de investidura de Illa en el Parlament, pese al riesgo cierto de ser detenido.
En ERC existen pocas dudas de que la auténtica intención de Puigdemont, con este gesto, es dinamitar el acuerdo de investidura de Illa, para forzar una repetición electoral que podría resultar desastrosa para el partido de Marta Rovira.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó el pasado 1 de julio un auto en el que acordaba mantener las órdenes nacionales de detención de Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig (que acompañarían al expresident en su regreso), al considerar que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación que se les imputa, por la organización del referéndum ilegal del 1-O.
Con toda probabilidad correspondería a los Mossos d’Esquadra (que dependen del Departamento de Interior de la Generalitat, aún de manos de ERC) ejecutar la orden de detención, en cuanto Puigdemont pise suelo en Cataluña.
En su comparecencia del sábado, Puigdemont dejó entrever que, con su detención, buscará causar una gran conmoción social, de la que se hagan eco los medios de comunicación internacionales, y anunció que pedirá el amparo del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de su grupo sobre detenciones arbitrarias.
Con todo ello, Junts buscaría también presentar a los de Rovira como «cómplices de la represión» del Estado contra Puigdemont y poner muy difícil el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa.
Por este motivo, desde el sector más próximo a Oriol Junqueras no terminan de entender los últimos movimientos de Marta Rovira, quien el viernes se reunió con el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Todo indica que Turull aprovechó dicha reunión para presionar a Marta Rovira, en un intento de frustrar el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa.
