Las dos derrotas parlamentarias del Gobierno de coalición coincidiendo con en el primer aniversario de la legislatura han avivado las críticas entre sus socios habituales. El pasado martes, cuando se cumplía un año de las elecciones del 23J, PSOE y Sumar vieron cómo caían su reforma de la ley de extranjería y la senda de estabilidad, el paso previo para la elaboración de los Presupuestos, ante la falta de apoyos. Dos reveses que los aliados parlamentarios achacan a la «parálisis» en la que se encuentra sumido el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ya habitual escasa negociación con los grupos. El remedio, apuntan, es dejar de mirar al PP y prestar mayor atención a los partidos que apoyaron la investidura.
Ni PP, ni Junts. La geometría variable que, por momentos, pareció ser factible en esta legislatura, fracasó en el último pleno antes de las vacaciones de verano. El pacto con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha quedado en algo puntual y los conservadores no dieron su apoyo al Gobierno. Ni para el reparto de menores ni para los objetivos de déficit. Y el Ejecutivo tampoco logró el respaldo de todo el bloque de la investidura. «No se puede dar por supuesto nuestro voto favorable», avisó Junts.
El diagnóstico de los socios tras constatar la derrota de la estrategia del Ejecutivo es contundente. «El Gobierno está perdido sin saberlo o, lo que es peor, perdido haciendo ver que sabe a dónde va», apunta una fuente de ERC. En la misma línea, voces de Podemos sostienen que «la legislatura de izquierdas está agotada» a la vista de los pactos con el PP y ven al Gobierno sumido en la «parálisis«. La situación llega al punto de que varias formaciones reclaman abiertamente un «reinicio» de la legislatura que sirva para establecer nuevas dinámicas de negociación.
Sentarse a negociar
Desde hace tiempo, incluso ya en la pasada legislatura, los aliados parlamentarios del Ejecutivo denuncian la escasa atención que se les presta, con negociaciones siempre a última hora y forzando votaciones para arrastrar a los socios a un ‘todo o nada’. A este respecto, fuentes de Podemos recuerdan que están siendo muy críticos con la manera de actual del Gobierno y que no les temblará el pulso a la hora de tumbar aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo. Prueba de ello fue el decreto que hicieron caer en enero. Además, se muestran bastante «desconfiados» con la posibilidad de que la legislatura «sirva para ampliar un solo derecho». Sobre el futuro del mandato, fuentes del BNG también aseguran tener «las mismas incertezas que desde el primer día», pero confían en que unos próximos Presupuestos mejoren la situación.
Una sensación similar cunde en EH Bildu. Fuentes de la formación abertzale inciden en esa necesidad de «recomendar la legislatura» y recalcan que «los avances, de momento, son escasos«. Hasta el momento, el Gobierno solo ha sacado adelante la reforma de la Constitución para retirar el término «disminuido», pactado con el PP, la ley de amnistía y otras tres normas (enseñanzas artísticas, paridad e investigación de accidentes). EH Bildu considera que es el momento de que el Ejecutivo «se ponga manos a la obra y proponga medidas profundas».
La complejidad del Congreso
No obstante, a nadie se le escapa que la aritmética parlamentaria de esta legislatura es caprichosa. El Gobierno necesita de todos sus socios para sacar adelante cualquier iniciativa y, como mucho, puede permitirse la abstención de alguno de ellos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, recordaba esta semana que la situación es «compleja de gestionar» y señalaba la situación catalana como un elemento desestabilizador que «hace que lleguen hondas que mueven bastante el barco».
En plena negociación entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa y justo el día que se anunció la reunión del pasado miércoles entre Sánchez y Pere Aragonés, Junts votó en contra de la senda de estabilidad casi sin aviso previo. «Hemos estado avisando en diferentes ocasiones que Junts no forma parte de ningún bloque del hemiciclo», sentenció el diputado posconvergente Josep Maria Cruset. El Gobierno trató de minimizar este desencuentro, pero distintas fuentes parlamentarias achacan el ‘no’ de Junts a la escasa voluntad del Ejecutivo de negociar previamente con sus socios. «A ver si cambia algo tras estos sustos», concluye otra fuente.
