Uno de los tres magistrados que tiene que volver a dictar sentencia en el proceso por supuestas irregularidades en la contrata de las basuras de Orihuela, tras anular el Supremo la resolución en la que se absolvía a los 34 acusados por estos hechos, fue sancionado por el CGPJ por cuestionar la imparcialidad de la Fiscalía en el caso Brugal, la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en la provincia que dio pie a una veintena de causas y cuyo primer juicio fue precisamente este.
Después de dos años de espera, el Alto Tribunal ha acordado casar la sentencia de la sección VII de la Audiencia de Alicante, devolver el proceso al momento de la deliberación y ordenar que la misma sala dicte una nueva resolución teniendo en cuenta todas las pruebas que invalidó y a las que ahora se da carta de naturaleza.
Tras el análisis de un elevado número de autos, el Supremo ha resuelto declarar válidas las intervenciones telefónicas acordadas desde el origen de la instrucción y los registros considerado nulos descartando que los acusados sufrieran indefensión alguna por estas diligencias de investigación.
Entre estos 34 encausados, pendientes de nuevo de sentencia, se encuentran los exalcaldes populares de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente. La Fiscalía Anticorrupción acusa de fraude, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, coacciones y extorsión.
El Alto Tribunal ha detectado «falta de sustento lógico y racional de algunas de las decisiones adoptadas por el tribunal sentenciador, que han acarreado la expulsión de material probatorio que el Ministerio Fiscal propuso en defensa de sus pretensiones» (…) vulnerado el derecho de la acusación pública a la tutela judicial efectiva, y a utilizar los medios de prueba pertinentes».
Notificada a principios de esta semana, la sentencia del Supremo respalda tanto el trabajo policial como el del Ministerio Público, cuya imparcialidad cuestionó el magistrado Manel Martínez Aroca, ponente de la resolución, en una entrevista concedida a este medio.
Finalidad política y el globo
Unas declaraciones en las que, entre otras afirmaciones, el juez aludía a la «finalidad política» de la acusación pública en Brugal y a que «en este caso se fue inflando el globo para conseguir tiempo y poder encontrar (…) si otras personas habían cometido algún delito».
Eso le supuso una sanción del órgano de gobierno de los jueces «por una falta de desconsideración a otros miembros del Poder Judicial con expresiones de menosprecio». El castigo fue una multa de 500 euros y una advertencia.
Para enjuiciar el asunto de las basuras, Martínez Aroca formó sala con la magistrada Gracia Serrano, actual presidenta de la recién creada sección XI, y con su colega José Teófilo Jiménez, entonces y ahora al frente de la VII, ambas con sede en Elche. La sentencia no contó con ningún voto particular.
Desde la pasada primavera Martínez Aroca ya no es magistrado de la Audiencia de Alicante. Su destino está ahora en un juzgado de lo Penal de Murcia. Una contingencia que no afecta a su obligación de volver a dictar sentencia. El Supremo deja claro que «no estaría justificado la intervención de un tribunal distinto por el que ya presidió el juicio».
Solo podría dejar de hacerlo por motivos de salud (lleva meses de baja) o si, a tenor de sus declaraciones, se alegara una pérdida de apariencia de imparcialidad que desembocara en su recusación.
Cómo solventar, de producirse, esa ausencia sería un capítulo más que resolver de un proceso que se juzgó hace cinco años, pero que comenzó a investigarse hace más de dos décadas.
Las declaraciones del magistrado
«En el caso Brugal se buscaban fines políticos y, por tanto, se fue inflando el globo para conseguir tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito»
«Según nosotros, no se hizo nada bien. Hasta el propio fiscal hace unas cosas tremendas durante la instrucción de la causa porque está guiado por una finalidad»
«Ya lo dijo nuestro presidente (por Pedro Sánchez): la Fiscalía depende del Gobierno. Basta con retrotraerse a la fecha de los hechos, cuando comienza la investigación, y vas haciendo cálculos para ver la motivación política que podía haber»
«No hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerarquizada donde se siguen instrucciones»
«Eso (por una de las piezas del Brugal) venía de un juzgado que se vanagloriaba de haber impuesto puesto la pena más alta en materia de Hacienda, y era un desaguisado procesal infumable»
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