La mañana de este lunes 22 de enero, unas 390 personas albergaban las salas de atención a solicitantes de asilo ubicadas en la Terminal 1 y 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Son muchas más de las que pueden acoger, lo que está provocando una situación de «hacinamiento» y de «insalubridad». Según informa la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la situación es tan crítica que hay «plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal». Ante este escenario, la organización ha pedido al Gobierno que autorice la entrada «excepcional» a las personas solicitantes.
Según fuentes del Ministerio del Interior, las dos salas habituales ubicadas en la T1 y la T4 del aeropuerto de Barajas tienen capacidad para atender a unas 100 personas. La semana pasada se habilitó una tercera provisional que, según la coordinadora estatal del Área Jurídica de CEAR, Elena Muñoz, sigue sin ser suficiente para dar cobijo a esas casi 400 personas que este lunes habitaban el aeropuerto a la espera de que su solicitud de asilo fuera formalizada.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha denunciado que las salas no están preparadas para acoger a tanta gente. Ni hay baños para todos, ni pulcritud, ni camas, lo que obliga a poner colchones por el suelo para dormir todas juntas, «sin condiciones de intimidad ni de respeto a la vida familiar». Incluso, en ocasiones, personas solicitantes han puesto de manifiesto a CEAR que ha habido agua corriente, por lo que aseguran que han tenido que utilizar botellas para lavarse. Hay vídeos donde se ven bichos, basura por el suelo o motones de estas botellas de plástico por el suelo de los aseos.
El portavoz del SUP, Jacobo Rodríguez, explica a este periódico que, si bien ha mejorado algo la limpieza en los últimos días, esto ha sido porque «la policía ha cogido el toro por los cuernos». «AENA y Cruz Roja llevan tiempo discutiendo entre sí quién se tiene que encargar de la limpieza y, entre unos y otros, la casa sin barrer. Es una auténtica vergüenza que no tiene ningún tipo de explicación», denuncia.
Plazos
Entre el 1 de diciembre y 15 de enero, la Oficina de Asilo y Refugio ha tramitado 847 solicitudes de protección internacional, según datos del Ministerio del Interior. A esas salas de asilo de los aeropuertos llegan personas que, una vez han aterrizado en España, manifiestan su necesidad de pedir protección internacional en el control fronterizo. Un procedimiento que es diferente al que se activa en territorio nacional precisamente por los tiempos. Las directivas europeas marcan que las autoridades deben responder en un plazo de tres días, extensibles a 10 en el caso de que haya un número elevado de solicitantes de asilo -como ocurre en este momento-, para admitir o no esa petición.
Sin embargo, CEAR denuncia que en diciembre ha habido casos en los que la formalización de las solicitudes se han dilatado hasta los 18 días, lo que dificulta la «detección de necesidades específicas (menores, víctimas de trata, salud física o mental, discapacidad) e impiden que pueda tener un trato diferenciado al que tienen derecho».
Muñoz explica que las solicitudes se suelen formalizar antes en el caso de los castellanoparlantes; más dificultades tienen las personas que han estado llegando de países como Kenia o Somalia.
El caso de Kenia
Según han confirmado a la agencia EFE fuentes sindicales, este fin de semana ha habido especial afluencia de solicitantes que viajan desde Senegal, Marruecos, Mali y Guinea. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló el pasado viernes que el Gobierno estudia la implementación de visados de tránsito desde ciertos países para evitar que las personas cojan vuelos con destino a otros países y aprovechen la escala en Madrid para pedir asilo.
Esta medida, que obliga a las personas que tienen que llegar a España de acudir antes a su Embajada para solicitar el permiso, y lleva aparejada el pago de tasas y la entrega de información personal que, según el portavoz del SUP, permite que la policía sepa de quién se trata. De momento, ya se ha llevado a cabo en Kenia. Desde el sábado 20 de enero, se exige tener este tipo de permiso para transitar por las zonas internacionales de los aeropuertos españoles a los ciudadanos que viajen desde allí.
La coordinadora jurídica de CEAR explica que en los últimos meses las personas somalíes han utilizado pasaporte keniata para poder viajar a España, ya que en Somalia sí se exige visado de tránsito, y solicitar aquí la protección internacional. Aún hay varios ciudadanos de Somalia en el aeropuerto que llegaron antes del 20, pero CEAR ya está detectando que están utilizando «otros pasaportes que no son de Kenia para poder llegar de una forma más o menos segura» y escapar de su país, donde llevan décadas de conflicto permanente que, unido a su clima extremo, dio lugar al desplazamiento de más de 1,8 millones de personas en 2022, según Amnistía Internacional.
Jacobo Rodríguez explica que en Barajas tienen principalmente dos problemas por «usos fraudulentos». Uno de ellos son las «solicitudes de asilo en fraude de ley» que, según explica, utilizan personas de Senegal, Mali y Guinea. Estos ciudadanos, según el portavoz sindical, rompen su documentación al llegar a España en una escala y piden asilo asegurando que son de países como Eritrea, Solia o Nigeria, donde este derecho se concede casi ‘ipso facto’. En esos casos, descubrir quiénes son se convierte en una odisea. El segundo problema son las personas que, también tras romper su pasaporte, afirman ser menores.
«Los compañeros están desbordados. Hay miles de peticiones que no se pueden resolver como si fueran un churro«, lamenta. Otro de los problemas tienen que ver con las infraestructuras. Ya ha habido dos fugas de solicitantes que han utilizado el falso techo o el cristal de la ventana para escapar.
Un mes sin mejoras
Muñoz asegura que en los 16 años que lleva trabajando en el ámbito del asilo, nunca había visto una situación así. El pasado mes de diciembre, CEAR denunció en los juzgados la «sobreocupación» de estas salas destinadas a los solicitantes de protección internacional. Tres magistrados con competencias en materia jurisdiccional y de control relativas a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) las visitaron.
El 22 de ese mismo mes, los magistrados requirieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran «con carácter urgente» medidas que pusieran fin al «hacinamiento» que sufrían los 250 solicitantes de asilo retenidos en estas salas, en un escrito que recordaba que había 19 menores de edad entre los solicitantes. Un mes después, la situación sigue parecida.
Para aliviar esta situación de desbordamiento, el Ministerio del Interior pidió autorización a un juez para trasladar a unos 50 solicitantes de asilo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Aunque el juez dio la orden, el Juzgado de Instrucción número 46 la revocó tres días más tarde tras la petición de nulidad de la Fiscalía y de CEAR.
La decisión del juez, adoptada el pasado viernes, supone dar la razón a la Fiscalía de Madrid, que recurrió el “internamiento masivo” argumentando que se basa en una “aplicación indebida” de la ley de extranjería y que el juzgado no tiene competencia para hacerlo.
En su resolución, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, al tratarse de una cuestión que corresponde en exclusiva a la administración. Por ello estima el recurso de reforma y anula su decisión del pasado martes.
Elena Muñoz indica que, aunque ha aumentado el número de policías para realizar las entrevistas de las solicitudes de protección internacional, es necesario una intervención integral en todos los ámbitos: además de abrir nuevas dependencias, se necesitan más intérpretes, medidas de carácter excepcional y condiciones que no vayan contra la dignidad de las personas que están allí.
