«Vayan a buscar ‘panzas'» a los barrios marginales. Esa fue la propuesta que la entonces jueza de Familia de Pilar (ciudad de la provincia argentina de Buenos Aires, a 54 kilómetros al noroeste de la capital) identificada como Alejandra C. V., hoy de 64 años, habría realizado a dos trabajadoras sociales del juzgado de Familia del que era titular y cuya finalidad era que localizasen en barrios deprimidos de ese municipio mujeres en situación de vulnerabilidad que estuviesen embarazadas para hacerse con sus hijos y poder ‘vendérselos’ a matrimonios adinerados.

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