El rechazo del Congreso a la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes llegados a las costas canarias ha elevado la presión sobre el Gobierno para buscar un plan B. Desde el Ejecutivo se defendió durante las últimas semanas que esta era la única vía tanto para atender la urgencia que vive Canarias como para dar una solución estructural, habida cuenta del fracaso de los mecanismos utilizados hasta ahora. Sobre la mesa hay varias opciones, aunque en el propio Ejecutivo asume que serán una suerte de parches. Entre ellos, incrementar la financiación para Canarias o convocar a las comunidades autónomas a otra Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia para abordar otras salidas, en línea con el reparto voluntario.
La resaca del fracaso de la reforma, por el voto en contra de PP, Vox y Junts, ha generado cierta cacofonía dentro del Gobierno y, sobre todo, tensiones entre el Ejecutivo central y el canario. El cruce de reproches entre ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Canarias, Fernando Clavijo, no hace más que sumar dificultades para buscar alternativas. El propio Torres, preguntado este jueves en rueda de prensa por el efecto de la ruptura del buen clima entre ambos a la hora de buscar nuevos acuerdos, era tajante. A modo de advertencia respondía que Clavijo “tiene que decidir si ataca a quien lo ha apoyado o si defiende a quien le ha dado la espalda y ha votado no, que es su socio de Gobierno”.
El presidente canario puso en entredicho que desde que acordó con el Gobierno el texto de la reforma, “inexplicablemente” no habría celebrado “ni una reunión” con los grupos que manifestaron su rechazo desde un principio. Unas acusaciones que se encargó de demostrar Torres al hacer público su intercambio de documentos y cesiones al PP en aras de un acuerdo que habría intentado “hasta el último momento”. Todo ello, a pesar de que, según recordó, el “compromiso” de Clavijo era conseguir el voto de “sus socios” de Gobierno. Esto es, del PP.
Con la aparición de las primeras fricciones en la entente que habían mantenido hasta ahora el Gobierno central, principalmente a través del ministro que es también líder de los socialistas canarios, y el presidente y líder de Coalición Canaria, el PSOE ha dado portazo a la propuesta de Clavijo para tramitar la reforma vía decreto. Sin apoyos para su convalidación, concluyó Torres, se trata de una exigencia “imposible”, concluyó Torres.
El Gobierno siempre trató de evitar el decreto desde que lo propuso como primera opción el gobierno canario. Sin embargo, ahora se rechaza con más rotundidad debido a que este martes quedó claro en el Congreso que no tenía los votos suficientes para convalidarlo. Su rechazo generaría un problema todavía mayor de inseguridad jurídica, según advierten los socialistas.
La ministra de Infancia, Sira Rego, trató de contemporizar para no descartar de plano el recurso a la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros. En esta línea, la representante de Sumar avanzó que se estudiarían las diferentes alternativas “con tranquilidad”, pero también “con cierta agilidad porque la situación es insostenible en Canarias”. “Hay posibilidad de retomar de nuevo la proposición de ley con carácter urgente o incluso de llevar un real decreto, pero para esto tiene que haber acuerdo y tiene que haber voluntad de las fuerzas políticas», añadió con un tono más conciliador que la parte socialista del Gobierno.
Inestabilidad parlamentaria
En Moncloa se defiende que la única solución sigue pasando por una modificación legislativa que sin el apoyo del PP es inviable. No solo por una cuestión de aritmética parlamentaria, sino por el hecho de que los populares gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas y su colaboración es imprescindible para aplicar la reforma.
En el Gobierno trabajan en encontrar salidas para aliviar la presión migratoria que vive Canarias. Su objetivo es dar pasos en los “próximos días” porque, pese a recordar que estas competencias recaen en las comunidades autónomas, “como Gobierno no vamos a dejar abandonados a los niños y niñas”.
El revés del Congreso a la ley de extranjería durante el último pleno antes del verano se sumó al rechazo del objetivo de déficit, el primer paso necesario para comenzar la tramitación de los Presupuestos. En ambos casos, el Gobierno se encontró de frente con el rechazo de PP, Vox y Junts.
El aviso de los posconvergentes, en un contexto de acercamiento entre PSC y ERC para pactar la investidura de Salvador Illa, aleja la estabilidad de una legislatura convulsa que Pedro Sánchez pretendía comenzar a asentar tras dejar atrás el semestre electoral. Asimismo, convierte un espejismo la geometría variable que los socialistas trataron de ensayar con PP y el bloque de investidura tras desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
