A pesar de sus emergencias y heridas en el ecosistema, la cuestión ambiental ha sido la gran ausente de una campaña electoral venezolana precedida por lluvias que provocaron 100 muertos. No es un asunto programático de primer orden para Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, los principales contendientes. El silencio es más estruendoso si se tiene en cuenta lo que señala el sociólogo Emiliano Teran Mantovani, miembro y fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. «No se está hablando casi nada de la crisis climática. Como si esto no fuese problema nuestro. Pero las afectaciones son transversales a toda la vida social, la está cambiando en su conjunto».
¿Cuáles son los principales problemas y riesgos a los que se expone la población?
Los reportes científicos más sistemáticos señalan riesgos muy importantes en las regiones áridas y semiáridas del país debido a la intensificación y prolongación de las sequías. Estas zonas están ubicadas en la fachada norte-caribeña, donde viven millones de personas. Comenzamos a conocer casos de desplazados climáticos. Por otra parte, Venezuela vive perturbaciones muy fuertes en sus patrones estacionales al menos desde 2009. Las sequías han llegado a poner en jaque el sistema hidroeléctrico con apagones como el que vivimos en marzo de 2019. Otro aspecto histórico-estructural que destacaría es el del incremento de las inundaciones, deslaves y desastres relacionados, debido a que millones de personas viven en montañas y cerros, lugares muy vulnerables a estos eventos. La existencia de un régimen autoritario, que gobierna sin mayores miramientos y cuidados sociales, intensifica los riesgos climáticos.
Siguiendo ese razonamiento, ¿qué balance se puede hacer de este cuarto de siglo?
El balance es muy negativo. Con Hugo Chávez se logró un reconocimiento nominal de los derechos ambientales (y también de los pueblos indígenas), consagrados en la Constitución de 1999. También se crearon algunas leyes que ponían fuertes reglas para proteger la naturaleza. Pero eso se quedó en papel y letra muerta. El régimen extractivista se ha profundizado. Con Chávez se expandió de manera importante la explotación de hidrocarburos en la Faja del Orinoco, petróleo extrapesado y mucho más contaminante. Se mantuvo la devastación del lago de Maracaibo, el más grande de Sudamérica. Su Ministerio de Ambiente siguió subordinado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Fue con Chávez que nació el proyecto minero más grande de la historia del país, el Arco Minero del Orinoco (AMO), al norte de la Amazonía. La deforestación se intensificó, como lo reflejan los propios informes de la FAO. Lo primero era «construir el socialismo», con el delirio de llevar a Venezuela a ser una «potencia energética mundial», con más y más extractivismo en toda la geografía nacional. A pesar de ello, Chávez no dudó en posicionar el discurso del ecosocialismo, y aparecer como una «voz crítica» en las cumbres de cambio climático.
¿Qué sucedió tras su muerte, en 2013?
La situación ha empeorado, con el colapso institucional que mencionaba, el contexto de caos sistémico, el auge de la corrupción, de las economías ilícitas, junto al marco de reformas neoliberales muy lesivas con el ambiente. Tan pronto como en 2014, Maduro había eliminado el Ministerio del Ambiente, el primero creado en América Latina en 1977. En su momento fue un escándalo. Algo así se pensaría que lo haría alguien más bien como Javier Milei en Argentina, pero se hizo en Venezuela. Tan mala decisión fue que tuvieron que contrarrestarla, y en 2015 crearon el Ministerio de Ecosocialismo que, a nuestro juicio, ha estado más bien al servicio de la reestructuración económica en desarrollo en el país. Se destruyen las cuencas hidrográficas y contaminan de los cuerpos de agua, con mayores problemas de acceso al agua para millones de venezolanos. El manejo de los desechos también es un gran desafío. Necesitamos grandes cambios, pero sobre todo una clase política que comprenda la integralidad de los problemas, y la urgente necesidad de revertir estas tendencias.
Maduro atribuye al capitalismo un efecto depredador sobre el ambiente, ha hablado con cierta vehemencia en la COP27, pero ¿qué ha hecho más allá de esa retórica coyuntural?
Su Gobierno ha llevado el capitalismo en Venezuela a una escala más potente, impulsando una reestructuración económica de perfil neoliberal. Esta se basa en desregulaciones masivas de la economía, protección férrea de la inversión extranjera, exención de impuestos al capital privado nacional e internacional, imposición del modelo de Zonas Económicas Especiales, privatizaciones de bajo perfil, expansión abierta de la frontera del extractivismo, sin contar con la depresión programada del salario y las políticas macroeconómicas. Los factores de destrucción ambiental han sido llevados a extremos, debido a que, por ejemplo, las desregulaciones impuestas tratan de evitar que cualquier control que afecte la rentabilidad de los emprendimientos económicos. Como decir «vengan que aquí les garantizamos la supresión de los costes ambientales». De manera tal que Maduro habla con un lenguaje vacío. No tiene correspondencia con la realidad.
Desastre en la zona de refinerías de la península de Paraguaná / Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Venezuela apuesta decididamente por el combustible fósil. El 94% de sus exportaciones provienen de la industria petrolera. Más allá de la contribución al calentamiento global, ¿qué sucede en materia de derrames y contaminación?
La industria petrolera es verdad que produce mucho menos que antes. Hoy quizás en 850/900 mil b/d, pero carece de protocolos ambientales y reina la desidia. Los vertidos en el país son prácticamente cotidianos. Con el colapso de PDVSA, atravesada por desinversión, corrupción, sanciones internacionales e ineficiencia, también ha aumentado el número de accidentes de la industria. Hay prácticamente un abandono de la gestión ambiental, dejando las comunidades a su suerte. Y una ausencia de información. Antes de 2016, PDVSA generaba informes anuales de la gestión ambiental, donde se podía conocer la cantidad de derrames y los volúmenes de crudo derramado. Eso ya no se puede saber con exactitud, pues en Venezuela desde hace años no se cuenta casi con información oficial, y gracias al seguimiento de organizaciones sociales como el Observatorio de Ecología Política se conocen aproximados de estos eventos por año.
¿Qué compromiso ha asumido el Gobierno en el cuidado de la Amazonía y el Orinoco? ¿Qué sucede en el Arco Minero?
La Amazonía venezolana es básicamente la nueva frontera de extracción. Ante la debacle de la economía petrolera, la actividad que podía ayudar al Estado a captar ingresos era la minería, principalmente de oro. De ahí la creación del proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), una enorme franja de casi 112.000 km2 en toda la zona norte amazónica que se oficializó en 2016 en el Gobierno de Maduro para abrir numerosas concesiones al capital privado. Lo que ha prevalecido es una constelación de actores irregulares y economías ilícitas que hacen que prácticamente toda la minería en la Amazonía, sea en la zona del AMO o fuera de ella, sea ilegal. Escenario muy complicado porque inevitablemente implica la corrupción cómplice de actores estatales. La escala es tal que probablemente Venezuela ya supera las 30 toneladas de extracción oro, una cifra nunca vista en el país. Oro que, además, en su gran proporción, se fuga a través de redes de corrupción y cadenas ilícitas globales.
¿Cuáles son las principales afectaciones?
Los impactos son tremendos al menos en tres sentidos: uno, con el arrase de bosques, monumentos naturales y parques nacionales, cuencas hidrográficas, en una biorregión muy delicada, con daños mayores en la cuenca del Cuyuní, Caroní, Ikabarú o en Yapacana en el estado Amazonas; dos, con el envenenamiento de las aguas con mercurio; y tres, con la afectación a comunidades indígenas, muy vulnerables ante estas economías que además son muy violentas. Desde el año pasado se han venido incrementando operativos militares que podrían en algunos casos mitigar momentáneamente estos daños, pero no se abordan las raíces del problema.
¿Qué peso tiene la cuestión ambiental en los discursos de la oposición?
Lamentablemente hay una grave ausencia de propuestas. No se está hablado de esto en lo poco que hay de discusión electoral. Seguramente porque la coyuntura es muy delicada, pero también porque los pilares del pensamiento político dominante son profundamente extractivistas y antiambientales. Esa matriz se refleja con claridad por ejemplo en el programa ‘Venezuela Tierra de Gracia’, de María Corina Machado, la figura líder de la oposición: contempla maximizar la condición de «fuente energética de Venezuela», que no es otra cosa que vender nuevamente al país como suplidora de energía y recursos. Habla de más petróleo, más minería, y con masivas privatizaciones y grandes concesiones al capital transnacional.
Imágenes de la destrucción ambiental en la costa de Maracaibo / CEDIDA
¿Qué alternativas se avizoran ante la situación?
En todos estos años hemos conseguido resistencias locales que nos muestran otras valoraciones y caminos que toma la gente. Otro aspecto que encontramos positivo es el hecho que la dimensión ecológica hoy tiene más presencia en la sociedad venezolana, aunque la clase política no quiera hablar del tema. Hay más organizaciones ambientalistas haciendo trabajo. Creo que la discusión ha permeado en los sectores juveniles de los partidos políticos, e incluso en algunos sectores sindicales, así que todo esto lo vemos como una oportunidad que, como ya he mencionado, hay que trabajar más para que tenga más forma y sistematicidad.
