El Gobierno convocará una Conferencia de Presidentes a la vuelta del verano. Según trasladan fuentes de Moncloa, la intención es celebrar una reunión en el mes de septiembre y una segunda a finales de año, puesto que el reglamento establece un mínimo de dos citas al año. Así se lo ha trasladado por escrito el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, después de que este último exigiese una convocatoria urgente para abordar el reparto de menores migrantes. En los últimos días, diferentes presidentes del PP han presentado un recurso al Supremo o anunciado su intención de hacerlo para que Sánchez convoque este foro multilateral con las comunidades autónomas.
En el Ejecutivo trasladan que en los próximos se iniciarán los trámites para la convocatoria con la primera reunión del comité preparatorio. Las funciones de este comité son trascendentales porque se encarga de fijar los asuntos del orden del día y, por tanto, la orientación del debate. Como recuerdan desde el ministerio de Política Territorial, el presidente del Gobierno tiene capacidad para incluir los asuntos que considere, además del Senado, bajo el control del PP con mayoría absoluta, y una mayoría de comunidades autónomas, también en manos de los populares.
Los socialistas han venido advirtiendo sobre la intención de los presidentes del PP de convertir la Conferencia de Presidentes en un foro de confrontación con el Ejecutivo central “sin ánimo constructivo”. De ahí el interés por condicionar el orden del día para orientar el foco hacia unos asuntos u otros. Además de la política migratoria, los presidentes del PP reclaman tratar la financiación autonómica, con especial énfasis en la financiación singular que se propone para Cataluña, pero también otros compromisos de investidura con los independentistas que denuncian por incurrir en desigualdad territorial.
La adopción de acuerdos, sin embargo, debe ser por consenso de todos los presidentes autonómicos, siempre que la asistencia supere los dos tercios. El vuelco en el poder territorial tras las últimas elecciones autonómicas y la intensidad de la confrontación entre PSOE y PP han llevado al Gobierno a diluir el interés por convocar a las comunidades autónomas. La última reunión se produjo en marzo de 2022. Un encuentro en el que precisamente se consensuó el nuevo reglamento para obligar a celebrar al menos dos citas al año.
Para justificar los más de dos años sin convocatorias, desde el Ejecutivo se escudaron en un primer momento en el adelanto de las elecciones generales y los meses que transcurrieron hasta la investidura. Una vez formado el nuevo Gobierno, fueron argumentando los aplazamientos por las sucesivas citas electorales autonómicas. Entonces se trasladó la intención de convocar la reunión con las comunidades autónomas antes de verano para ahora volver a posponerlo a la espera de una investidura en Cataluña.
Recurso ante al Supremo
En Génova llevan meses exigiendo una convocatoria, echando mano de su potestad para forzarla. El reglamento establece que “la Conferencia será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del comité preparatorio o diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía”. Los populares presiden once autonomías, además de Ceuta y Melilla.
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, los populares han comenzado a acudir a los tribunales. Este mismo miércoles, la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo argumentando que hay un «incumplimiento de las obligaciones legales» del presidente del Gobierno. Un movimiento que viene precedido de un acuerdo en la argumentando que hay un «incumplimiento de las obligaciones legales» del presidente del Gobierno. Un movimiento coordinado entre los barones populares para anunciar en cascada recursos similares contra Sánchez por negarse a atender su petición.
Peticiones desatendidas
En el escrito se hace referencia a las peticiones realizadas durante el último año para abordar la amnistía, la financiación autonómica o la inmigración, y que Moncloa ha ido posponiendo: «El primero, suscrito por doce presidentes regionales y las ciudades de Ceuta y Melilla, con fecha 24 de noviembre de 2023; el segundo, por catorce el 24 de abril de 2024; y el tercero, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 19 de julio».
En Moncloa garantizan que cumplirán el reglamento, pero haciendo hincapié en el hecho de quien tiene la prerrogativa en último lugar de anunciar la convocatoria es el presidente del Gobierno. A la espera de ello y de definir el día para reunión, “a lo largo del mes de septiembre”, todavía está por concretar la ciudad que acogerá este foro. La propuesta que se lanzó en su día y que sigue sobre la mesa es Santander, según recuerdan fuentes del Ejecutivo.
