La citación del presidente Sánchez para declarar como testigo en la causa de Begoña Gómez es un episodio más en una suerte de vodevil jurídico: un sindicato que, más que a la defensa de trabajadores, se dedica a enderezar tuertos y desfacer agravios, que diría Cervantes, metiendo querellas catalanas, como se llama a la interposición de acciones penales con fines distintos a los que le son propios.
La lectura de la denuncia presentada causa sonrojo al jurista escrupuloso, por su redacción tan escueta y vacía de argumentación jurídica que un juez medianamente puntilloso no habría admitido a trámite. Un abogado que se precie debe dejar su firma en determinadas partes del escrito en las que se denote su preparación y capacidad argumentativa. ¡Manca finezza!, el de Manos Limpias debe ser más bien iletrado.
«La mujer de César debe estar libre de toda sospecha» es una metáfora del criterio escrupuloso de la responsabilidad política. Pero la traducción coloquial a la política patria viene a decir que la mujer de César debe estar libre a pesar de todas las sospechas. En el caso de Begoña Gómez y su actividad profesional, se han sobrepasado los límites de la prudencia aconsejable a quien tiene relaciones familiares con un alto cargo, pero nada que no haya pasado ya con Ayuso o con Cospedal, que además tiene estudios jurídicos tan sobresalientes como sus conversaciones con el comisario Villarejo.
La prudencia debiera ser también una virtud para un juez, pero no se evalúa en las oposiciones de judicatura, donde cuenta más la memoria que la capacidad argumentativa en Derecho. Así, el juez Peinado lanza un envite inaudito en nuestra democracia: presentarse en Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno.
La sola lectura del art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal da prueba de las dificultades de comprensión del Derecho que no se limiten a la simple retentiva memorística: el presidente del Gobierno no tiene obligación de acudir al llamamiento del juez, pero puede tomársele declaración en su residencia por hechos que tengan relación con el ejercicio de su cargo. Empero, según el artículo 417, no están obligados a declarar los funcionarios públicos cuando su declaración pudiera violar el secreto que estén obligados a guardar por razón de su cargo, como es el caso de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Además, según el art. 416, cualquier ciudadano está dispensado de su obligación de declarar cuando el investigado es su cónyuge.
El presidente solo estaría obligado a declarar en relación con la imputación del empresario Barrabés, siempre y cuando tal declaración no perjudique a su señora. Buen material para otra polémica constitucional.
Cuando se presente el juez Peinado, el presidente lo puede recibir en su domicilio –aunque la ley no dice por qué puerta ni en qué dependencia-, si antes no ha optado por declarar por escrito. Ergo, el interés de la declaración se deberá a las únicas preguntas que puede contestar el presidente: el vino que bebieron en la cena. Si empezaron con un chacolí de uvas hondarribi zuri, que se deja tomar en Bilbao, donde nació Begoña Gómez, o si fue un vino de hielo de los que, merced al cambio climático, podría producir Benasque, tierra natal de Barrabés, sin olvidar los vinos de Madrid, tierra natal del presidente, que también tienen su D.O.
La imputación del empresario Barrabés después de su toma de declaración como testigo, por hechos de los que ya se tenía conocimiento en la instrucción, puede ser nula si se aplica la doctrina de los «frutos del árbol prohibido», muy arraigada en el derecho anglosajón, pero de influencia variable en la jurisprudencia española. En tal caso podría ser nula la declaración del presidente o, simplemente, porque el juez se ha excedido en una investigación prospectiva contraria a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid.
En la película La caza del octubre rojo, se menciona al ‘loco Iván’ la maniobra de los submarinos nucleares rusos, fácilmente detectables por el ruido que hacían. Aquellos vetustos aparatos giraban sorpresivamente 180º para despistar a los sónares que los rastreaban. Eso es lo que parece toda esta historia, más de guerra política submarina que enjundia jurídica o relevancia penal. Y ni el ministro de Justicia Bolaños ni Feijóo tienen pinta de buenos buzos habituados a la discreción del trabajo bajo el nivel del mar.
Mucho ruido y pocas nueces.
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