La pregunta es, obviamente, qué hacer ahora mismo. Canarias ha realizado un formidable ejercicio de unidad política que muy pocas veces se ha podido ver antes. Unidad de partidos políticos, de instituciones y administraciones públicas, de fuerzas empresariales y sindicales, de organizaciones no gubernamentales y de universidades. Todo eso ha sido inútil.
Y los agentes responsables tienen tres nombres: el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. Yo del racismo de los fachas y de los supremacistas catalufos me lo espero todo. Pero el Partido Popular representa o debería representar una derecha democrática, liberal, con eso que se llama sentido de Estado y proporción política. Han hecho exactamente lo que ha hecho Vox quitándose a Vox de encima en varias comunidades autonómicas.
Para Alberto Núñez Feijóo los 6.000 menores migrantes tutelados por Canarias han sido piezas de su tablero político para hacerle perder una votación al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Todo lo demás le ha importado menos que un bledo. Se han comportado como una repulsiva pandilla de irresponsables que han protagonizado un acto de soberano desprecio a Canarias, a sus instituciones y autoridades, a su sociedad civil y, por supuesto, a los niños y adolescentes que sobrevivieron milagrosamente a la travesía del cayuco.
Las consecuencias para el PP canario –que estaba a favor del reparto, por supuesto– van a ser duras, muy duras, pero sospecho que ni Manuel Domínguez las ha podido calibrar con el suficiente realismo. Cuando sean 10.000 menores, cuando puedan estallar conflictos internos, cuando se multipliquen los problemas de congestión de espacios y de recursos y estalle una auténtica crisis a quien se va a responsabilizar es al Partido Popular.
Y muy pocos mencionarán en nuestro archipiélago a Núñez Feijóo, a Juan Manuel Moreno o a María Guardiola. Se mencionará a Manuel Domínguez, a Poli Suárez, a Luz Reverón o a García Casañas.
No, no entienden todavía en lo que se han metido, en donde los han metido sus superiores jerárquicos desde la comodidad de la carrera de San Jerónimo. Habrá gente, mucha gente, dentro y fuera de la política, que va a recordar esto en los próximos meses y años como un acto de inhumanidad y una traición burlesca que atenta contra la solidaridad interterritorial que supone una de las bases del orden constitucional.
El PP de Canarias se ha marchado. Es como si todos sus cargos anoche, mientras se oscurecía el cielo, hubieran tomado un avión al Fin del Mundo. Han abandonado este país. Estoy seguro que sus sedes, hoy mismo, continúan abiertas. También hoy asistirán sus diputados al pleno del Parlamento de Canarias.
Pero ni en las sedes ni en los escaños hay nada remotamente parecido a mujeres y hombres que tienen un proyecto para su país y que defienden prioritariamente a sus conciudadanos y que respetan los derechos humanos de todos los que pisan estas islas, vestidos o descalzos.
Prefiero creer, sinceramente, que son hologramas. Porque conozco a gente estupenda, incluso a gente moralmente admirable, que militan y han militado largos años en el Partido Popular. Pero se desintegraron cuando la pantalla de la Cámara Baja se iluminó con el resultado de la admisión a trámite –era solo la miserable admisión a trámite– de la reforma de la ley de Extranjería propuesta por el Gobierno socialista después de consensuarla con el Gobierno de Canarias.
Y lo más terrible fueron los aplausos. Esos aplausos canallescos que se confundían con los de la canallita facistoide y los monaguillos xenófobos del archienemigo Puigdemont. Sin duda ayer perdimos todos los que anhelamos un país libre, decente, solidario, respetuoso con sus propios valores cívicos. Pero créanme: más, mucho más, ha perdido el PP de Canarias, y lo podrán comprobar más pronto que tarde.
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