El naufragio en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de los menores migrantes ha generado un cruce de reproches entre el Gobierno central y el canario. La norma, consensuada por ambos ejecutivos, no fue admitida a trámite este martes por el rechazo de PP, Junts y Vox. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puso entredicho esta mañana que desde que acordaron el texto de la reforma, “inexplicablemente” el Gobierno no haya celebrado “ni una reunión” con los grupos que manifestaron su rechazo desde un principio. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rechazado estas acusaciones dando cuenta del intercambio de documentos y su voluntad negociadora “hasta el último momento” con los populares. Asimismo, le ha recordado que el “compromiso” de Clavijo era conseguir el voto de “sus socios” de Gobierno. Esto es, del PP.
El titular de Política Territorial ha dejado entrever las tensiones durante la resaca de la fallida votación al cuestionar que Clavijo “tiene que decidir si ataca a quien lo ha apoyado o si defiende a quien le ha dado la espalda y ha votado no, que es su socio de Gobierno”. Pese a reiterar que el compromiso del Gobierno para impulsar esta reforma era negociar con sus suyos y que el ejecutivo canario hiciera lo propio con los suyos, Torres defendió en rueda de prensa este mediodía desde el ministerio que “al final lo tuve que liderar yo hablando con el PP, pero no quiso”.
La entente que había mostrado durante los últimos meses el Gobierno central y el canario para buscar una solución estructural a la presión migratoria en las islas se ha fracturado apenas unas horas después de la votación en el Congreso. Desde Coalición Canaria se exige ahora que la reforma se tramite vía decreto. Algo que el Gobierno siempre rechazó, pero a lo que ahora se opone con más rotundidad debido a que este martes quedó claro que no tenía los votos suficientes para convalidarlo. Su rechazo generaría un problema todavía mayor de inseguridad jurídica.
Desde Coalición Canaria reclamaron hasta antes de la votación que se retirase la iniciativa para seguir negociando. El PSOE se opuso, lo que Clavijo ha criticado como un “empecinamiento” para responsabilizar a los socialistas del fracaso.
Desde el Ejecutivo argumentaron en contra de la retirada que esta decisión porque tendría los mismos efectos que votarla en contra. Obligaría a presentar un nuevo texto, por lo que la urgencia que vive Canarias por su presión migratoria no se resolvería. Asimismo, desde el Gobierno explicaron que no tendría recorrido jurídico. En el Ejecutivo acabaron por rechazar la retirada de la reforma antes de someterla a votación y lamentaron que todos sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con el PP fueron en vano pese a aceptar, dicen, sus propuestas.
Conferencia de Presidentes
Para justificar la voluntad negociadora del Gobierno, Torres dio cuenta del intercambio de propuestas con los populares y su compromiso por escrito de aceptar la mayoría de sus demandas durante la tramitación de la reforma. También la aceptación de otras al margen de la ley, como la celebración de una Conferencia de Presidentes. Por su reglamentación no se puede convocar de forma inmediata y precisa seguir unos pasos previos, como por ejemplo para fijar el orden del día. Fue por ello que se comprometió para el mes de septiembre.
El Gobierno había previsto celebrar este foro multilateral con las comunidades autónomas “antes de verano”, una vez finalizado el ciclo electoral con las elecciones europeas. Sin embargo, el proceso de investidura en Cataluña ha trastocado estos planes, según justificaron fuentes de Moncloa a este diario. Su intención es realizar la convocatoria cuando haya nuevo president de la Generalitat. El plazo límite para la investidura en el Parlament catalán es el 25 de agosto.
Para ajustarse al reglamento, que fija la celebración de al menos dos reuniones al año, el objetivo del Gobierno es concentrar ambas citas en el último cuatrimestre, a pesar de que 2023 fue un año en blanco para este foro. La primera en septiembre y la segunda a finales de año, según avanzan fuentes de Moncloa.
