La compra de Air Europa por parte de Iberia podría estar en peligro. La Comisión Europea considera que las rutas ofrecidas por la compañía que dirige Marco Sansavini para ceder a sus rivales son insuficientes para evitar un perjuicio en los consumidores.
La Comisión Europea reveló a IAG -matriz de Iberia- y a Air Europa en una reunión el lunes sus reticencias sobre la operación, según adelanta el Financial Times. Iberia ha descartado realizar ningún comentario.
El pasado 18 de julio, Iberia planteó a Bruselas la cesión de hasta el 52% de las rutas que ofrecía Air Europa en 2023 y previamente había presentado una lista de seis competidores a los que ceder esas conexiones para que el departamento de Competencia de la Comisión eligiese la mejor combinación. Las aerolíneas en cuestión son Avianca, Binter, Iberojet, Ryanair, Volotea y World to Fly.
La propuesta no supone una disminución de la capacidad, sino la garantía de que en todas las rutas haya varios competidores y, por tanto, diferentes opciones para los viajeros, según han defendido en varias ocasiones desde la aerolínea.
El temor del departamento que dirige Margrethe Vestager, encargado de analizar la compra, es que la unión de ambas empresas disminuya la competencia en las rutas nacionales, sobre todo en aquellas en las que no hay una alternativa de tren de alta velocidad, como pueden ser las rutas Madrid-Bilbao o Madrid-Vigo, que solo operan Iberia y Air Europa. De forma que si Air Europa se integra en Iberia, la aerolínea de IAG tendría el monopolio en estos mercados.
Y lo mismo ocurriría en el caso de las rutas de corta distancia entre Madrid e Israel, Marruecos, Reino Unido y Suiza, en las que ambas aerolíneas ofrecen una conexión directa, y en los itinerarios de larga distancia entre Madrid y América del Norte y del Sur, que se enfrentan «a la competencia de solo unos pocos competidores con conexión sin escalas».
Para sortear este problema, Iberia se había comprometido hasta ahora a ceder más del 40% de los vuelos de Air Europa en 2023, tasa que elevó hasta el 52% para tratar de impulsar la operación. El 20 de agosto es la fecha límite del Ejecutivo comunitario para tomar una decisión sobre si autoriza o no una operación que acumula casi cinco años de negociaciones, aunque siempre cabe la posibilidad de que haya nuevas paralizaciones del proceso (‘stop the clock’) u otra extensión de plazo, por lo que la decisión podría retrasarse.
