Punto y final a la renovación del Congreso General del Poder Judicial tras cinco años de retraso. El Senado ha certificado el último eslabón para terminar el procedimiento, votando los diez nuevos vocales que le corresponden tras el acuerdo cerrado entre el PP y el PSOE. Se ha cumplido el guión esperado y todos los candidatos han alcanzado el mínimo de 159 votos para ser electos.
La votación se ha producido mediante la introducción de sendas papeletas en cinco urnas: una para elegir a los seis vocales titulares del turno judicial, otra para los cuatro juristas titulares de reconocido prestigio, otras dos para los vocales suplentes de ambos turnos y una última para la votación del magistrado del Tribunal Constitucional. En concreto, los cuatro juristas elegidos en la Cámara Alta han sido: Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes), y los seis del turno judicial han sido José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró, Barcelona).
Por su parte, el Pleno del Congreso hizo lo propio el martes al elegir a los otros 10 vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces. Una vez que todos ellos, tanto los elegidos por el Congreso como los del Senado, hayan tomado posesión de su cargo, tendrán entre tres y siete días para elegir a su presidente, que también ocupará el mismo cargo en el Tribunal Supremo.
Visto bueno de la Comisión Europea
A su vez, la Comisión Europea ha emitido su habitual informe en el que analiza la salud de los Estados de Derecho de los países miembros, y en esta edición, ha constatado que España ha hecho «avances significativos» tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En los últimos tiempos, Bruselas había definido como «prioritaria» la renovación del órgano de gobierno de los jueces y advirtió en informes anteriores de que estaba afectando seriamente al funcionamiento de la justicia. Ahora, al haber conseguido este acuerdo, la Comisión sostiene que el asunto quedará cerrado por completo cuando el nuevo CGPJ elabore una propuesta para cambiar en el futuro el sistema de elección de los vocales. Por parte del PP, proponen que sean los propios jueces los que los elijan, pero los especialistas europeos defienden que no tiene por qué ser ese el modelo, sino que pueden existir otras alternativas.
A su vez, la Comisión Europea también se muestra preocupada por otros dos asuntos: algunas decisiones del PP de la mano de Vox, como por ejemplo la eliminación de la Oficina Anticorrupción de Baleares y la reducción del presupuesto de la Oficina Antifraude de la Comunidad Valenciana, o el episodio en el que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, amenazó a una periodista con «triturar» su medio de comunicación tras la publicación de unas informaciones sensibles para los ‘populares’. A ojos de la Comisión, ese comportamiento supone «un desafío para que los periodistas desarrollen su labor correctamente».
