El Gobierno se ha alineado con las tesis de la defensa de Begoña Gómez hasta el punto que hace descansar en uno de sus recursos a la Audiencia Provincial de Madrid su confianza en un archivo de la investigación. Según subrayan fuentes de Moncloa, su “relevancia” se basa en que la misma Sala ya dictó un auto previo que delimitó la causa a dos contratos obtenidos por el empresario recomendado por Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, y pasaron a ser competencia de la Fiscalía Europea, donde “lógicamente se ha apartado a Vox como acusación”. Según denuncian, sería evidente que el juez no se habría atenido a esta acotación y tendría dificultades para fijar de qué se le acusa.
El recurso en el que confían los colaboradores del presidente del Gobierno considera que la causa supone una suerte de «investigación universal prohibida por nuestra legislación. La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se refirió este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a una investigación “prospectiva” que la jurisprudencia “impide en nuestro país”. Al igual que el abogado de la esposa del presidente, el exministro socialista Antonio Camacho, entienden que se trata de una causa general en la que no se sabe qué se le imputa a la mujer del presidente. Por todo ello, el recurso pidió el archivo de la causa, algo en lo que confían ahora en Moncloa para dar carpetazo a este asunto que se ha agitado tras la citación como testigo a Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado trasladó en un auto que “los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España”. Si en las filas socialistas se alienta la recusación del juez por lo que algunos dirigentes tildan en privado como “prevaricación”, en Moncloa se limitan a recordar que las actuaciones contra el juez “corresponden a las defensas procesales”. Con todo, coinciden en alentarlas al señalar que las investigaciones prospectivas “están prohibidas por ley” y van “contra el Estado de derecho”.
A pesar de esta diferenciación formal entre la defensa de la esposa del presidente del Gobierno y la posición del Ejecutivo, en Moncloa explican que la decisión de Pedro Sánchez sobre declarar o acogerse a su derecho a no hacerlo dependerá primero del efecto de los recursos presentados contra su citación. Tanto de la defensa de su esposa como por parte de la Fiscalía. El escrito de recurso de la Fiscalía considera la citación de «inútil, innecesaria e impertinente, al ser notorio su cargo y que son cónyuges, lo que, según la ley de enjuiciamiento criminal, le permite no declarar«.
Al mismo tiempo, la portavoz del Gobierno llamó la atención sobre el hecho de que este martes todavía no se había recibido en Moncloa la notificación del juez. Una cuestión no menor, pues los colaboradores del jefe del Ejecutivo cuestionan el margen de tiempo necesario para la declaración en el Palacio de la Moncloa por motivos de seguridad y técnicos, pero también porque se evidenciaría una “falta de garantía procesal”.
Tanto desde Ferraz como desde el Gobierno se centran cada vez más en poner en duda las actuaciones del juez, pero sin dejar de lado la pata más política. La propia Alegría trataba de responsabilizar al PP de Alberto Núñez Feijóo sobre la evolución de la causa con la citación de Sánchez como último episodio.
“No es una causa judicial, es una causa política”, señaló Alegría para pedir al líder de la oposición que “asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas”. Su no aceptación, dijo, “es lo que lleva provocando la política del PP durante todo este año con una estrategia que únicamente se ha basado en el odio en la rabia y en la ira continuada durante este último año”.
Regular la figura del cónyuge
Los socios parlamentarios han marcado ciertas distancias con los límites éticos en las actividades profesionales de Begoña Gómez. Después de que la pasada semana el portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuestionase la “ética y la estética”, desde ERC ya apuntaron su intención de proponer una regulación de la figura del cónyuge del presidente o presidenta del Gobierno, como adelantó este diario, en el marco de la ronda de contactos para implementar un plan de regeneración democrática.
Tras la reunión con el Gobierno celebrada este martes, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió esta iniciativa para dejar claro «qué puede hacer y que no y evitar situaciones «absurdas» como la que, a su juicio, se están dando con la investigación a Begoña Gómez. En la parte socialista del Gobierno cierran la puerta a esta posibilidad al argumentar que la Oficina de Conflicto Intereses ya ejerce estas labores de control y delimitación.
Regular la figura del cónyuge en estos momentos, algo inusual en las democracias europeas más allá de los intentos fallidos en Francia o el código ético para familiares en Reino Unido, supondría asumir de forma indirecta que Begoña Gómez habría traspasado ciertos límites morales. De hecho, las mismas fuentes ni siquiera se abren a endurecer las labores de control o dotar de más competencias al órgano que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
