Con casi seis años de retraso, el Congreso ha renovado a los diez vocales que le corresponden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). PP y PSOE han materializado este martes su acuerdo para repartirse el órgano de gobierno de los jueces y, además, han aprobado una reforma de la ley orgánica del poder judicial para mandatar a este nuevo Consejo a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una «propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial». Todo ello ante el descontento del resto de formaciones de la Cámara Baja que se han opuesto o, directamente, no han participado de las votaciones.
Pocas sorpresas ha habido en un debate, el tercero en un mes sobre el mismo asunto, en el que el PP ha reivindicado su éxito al dar «el primer paso para acabar con 40 años de injerencia de la política en el poder judicial» y el PSOE ha sacado cabeza por haber arrastrado a los populares a la renovación de un órgano que llevaba más de un lustro bloqueado. Los socios del Gobierno, al igual que Vox, han denunciado el pacto del bipartidismo para repartirse el CGPJ, aunque desde perspectivas distintas. La izquierda ha lamentado que no se les haya tenido en cuenta y la extrema derecha que no se haya cambiado ya el sistema de elección de los vocales del Consejo.
«Montesquieu vuelve», ha aplaudido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recordado al pensador que asentó las bases de la separación de poderes. La dirigente conservadora ha reivindicado que el futuro Consejo vaya a hacer una propuesta para «despolitizar» la justicia: «Gracias a la firmeza del PP, hoy el estado de derecho va a estar más cerca de los estándares europeos». En frente, el diputado del PSOE Francisco Aranda ha reprochado al PP que la renovación del CGPJ llegue «seis años tarde en defensa propia del PP porque cuando no gobiernan quieren que los jueces les faciliten lo que no les ha dado las urnas».
El resto de partidos se han mostrado completamente en contra del acuerdo. La parlamentaria de ERC Pilar Valluguera ha avisado al PSOE de que le «están haciendo un flaco favor a la democracia» al pactar el reparto de la justicia con el PP. El diputado de Junts Josep María Cervera ha lamentado los «cambios cosméticos» que han pactado ambas formaciones y que no solucionan el problema de la «parcialidad» de la justicia. Y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado al PSOE que pensaran que la «dándole la mitad del Consejo a la derecha, la derecha iba a detener sus ataques» a Sánchez. «Nada más lejos de la realidad», ha sentenciado.
El contenido
La proposición de ley aprobada por el Congreso, que ahora será enviada al Senado para su aprobación definitiva la próxima semana, establece ese mandato al nuevo CGPJ, pero también refuerza la independencia judicial. En este sentido, establece que el Fiscal General del Estado, nombra por el Gobierno, no pueda ser alguien que en los «cinco años anteriores» haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado, de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma. Lo mismo aplica para los futuros miembros del CGPJ.
Por otro lado, y ya al final de un pleno determinante para la legislatura, la Cámara Baja, con los mismos votos de los diputados de PP y de PSOE, ha ratificado los diez nombres que propusieron ambas formaciones para los vocales del CGPJ. De los seis nombramientos de procedencia judicial, tres han sido elegidos por los populares (Gema Espinosa, José María Páez y José Carlos Orga) y tres por los socialistas (Ángel Arozamena, Esther Erice y José María Fernández Seijo). También se han dividido los cuatro vocales juristas: José Luis Costa Pillado y Pilar Jiménez por el PP e Inés María Herreros Hernández y Argelia Queralt por el PSOE. El Senado terminará este miércoles la renovación del Consejo con la elección de los diez miembros que faltan.
