La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la reapertura de la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo por incoada a raíz de una querella presentada por el investigador privado Francisco Marco por considerar que su detención en 2013 y las pesquisas sobre su agencia de detectives Método 3 fue ilegal y está vinculada a la denominada ‘Operación Cataluña’. La acusación pública considera que ya se ha agotado el periodo legal para instrucción de la causa, ya que antes había pasado por un juzgado de Barcelona (instrucción 10), por la Audiencia Nacional y por los juzgados de Madrid. Después cayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo titular Joaquín Aguirre primero lo archivó. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona acordó su reapertura y el togado ha citado a declarar como imputados para el próximo mes de septiembre a Villarejo; al exinspector jefe, Antonio Giménez Raso y al detective Julián Peribáñez.
El juez Aguirre deberá ahora decidir si prosigue con las pesquisas y si al final interroga a estas personas, ya que, mientras la fiscalía considera que debe archivarse el caso, el abogado de Francisco Marco, según las fuentes consultadas, ha presentado un escrito en el juzgado para que la investigación continúe, alegando que hasta ahora el asunto ha ido saltando de juzgado en juzgado sin haberse instruido nada. La causa inició su andadura el 16 de febrero del 2017. El fiscal anticorrupción Ricardo Saez Gadea señala en su escrito que las diligencias judiciales «no pueden reabrirse», pues, a su entender, la instrucción quedó cerrada en fecha 16 de agosto de 2017, cuando se cumplió el plazo legal.
Posible indefensión
El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial, precisa que «la reapertura de la causa para tomar declaración como investigados a personas que nunca han tenido dicha condición, por hechos diferentes de los que inicialmente dieron origen a este procedimiento, cuando no se puede practicar ninguna diligencia más de instrucción, no es posible, porque supondría la indefensión más absoluta con carácter material para los mismos».
Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando la Policía Nacional detuvo, entre otros, a Marco y registró su agencia en Barcelona. El detective quedó en libertad horas después y la causa fue sobreseída. El detective ha interpuesto varias querellas para demostrar que ese arresto fue ilegal, que se ejecutó en el contexto de la ‘Operación Cataluña’ y que supuestamente se fabricaron pruebas falsas. Las pesquisas se centrarán en los acontecimientos sucedidos en la capital catalana: el arresto de Marco y la entrada y registro en su agencia de detectives, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, para “blanquear” información.
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