El nuevo Gobierno laborista británico ha anunciado este martes el cierre del ‘Bibby Stockholm’, la polémica barcaza instalada el año pasado en el puerto de Portland, en el sur de Inglaterra, para acoger a inmigrantes pendientes de la tramitación de su solicitud de asilo. Un proyecto impulsado por el anterior Gobierno conservador y que recibió una fuerte oposición tanto de las administraciones locales como de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que la calificaron como una “cárcel flotante”. El Ejecutivo no renovará el contrato con los administradores de la barcaza, valorado en más de 20 millones de euros, y desalojará a sus cerca de 400 ocupantes antes de enero de 2025.
La llegada del Bibby Stockholm al puerto de Portland estuvo marcada por la polémica desde el primer día. El Gobierno del exprimer ministro Rishi Sunak se vio obligado a desalojar la embarcación a mediados del pasado agosto, apenas cuatro días después de la llegada de los primeros ocupantes, tras detectar la bacteria de la legionela en los circuitos internos de agua. Pocos meses después, el ministerio del Interior confirmó la muerte de Leonard Farruku, un joven albanés de 27 años, quien presuntamente se quitó la vida en una de las duchas de la embarcación. Tanto los solicitantes de asilo como las organizaciones de derechos humanos llevan meses denunciando las malas condiciones a bordo, lo cual ha contribuido al deterioro de la salud mental de sus ocupantes.
“La desesperación y el sufrimiento que ha causado la barcaza perdurarán en las personas que residían en ella. No renovar el contrato tampoco traerá de vuelta a Leonard Farruku, cuya familia ha perdido a su ser querido para siempre”, ha señalado Steve Smith, director general de la organización Care4Calais, tras conocer la decisión del Gobierno. A pesar de las críticas por las huellas que la barcaza ha dejado en sus ocupantes, las principales entidades de defensa de los refugiados han celebrado la noticia y han señalado que se trata de un “paso crucial” en el objetivo de resolver un sistema de asilo “costoso, caótico y disfuncional”.
Plan de Ruanda
La decisión se suma al fin del plan de deportaciones a Ruanda, anunciado poco después de la victoria del Partido Laborista en las elecciones. Una medida cuyo coste ha ascendido a más de 800 millones de euros, a pesar de que sólo cuatro solicitantes de asilo han sido trasladados al país –todos ellos de forma voluntaria–. “El fracaso de esta política es del anterior Gobierno. Ha sido una estafa costosa y el contribuyente ha tenido que pagar el precio”, aseguró este lunes en el Parlamento la ministra del Interior, Yvette Cooper, quien calificó el plan de Ruanda como “el mayor desperdicio de dinero público jamás visto». Cooper ha desvelado que la medida hubiera supuesto un coste de casi 12.000 millones de euros en un periodo de seis años.
El fin del plan de Ruanda y el cierre del ‘Bibby Stockholm’ se enmarcan en los planes del nuevo primer ministro, Keir Starmer, de ahorrar más de 8.000 millones de euros en gastos asociados a la política de asilo en la próxima década. El objetivo principal del Gobierno es acelerar la tramitación de las cerca de 100.000 solicitudes que siguen pendientes de una primera respuesta y que han provocado un aumento de los gastos en alojamientos en los últimos años. Según datos del ministerio del Interior, publicados a principios de año, el gasto de alojar a solicitantes de asilo en hoteles y en otras instalaciones ascenderá a más de 3.000 millones de euros en 2024.
Combate a las bandas
El Gobierno ha insistido en su voluntad de reforzar la cooperación con los países europeos para combatir las bandas organizadas que trafican con personas y ha anunciado la creación de un Comando de Seguridad de Fronteras, formado por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia británicos. Starmer también ha mostrado su intención de alcanzar acuerdos bilaterales con países considerados seguros, como India, Turquía o Vietnam, para devolver con celeridad a los inmigrantes de estos países que lleguen de forma irregular al Reino Unido. Unos acuerdos que se complementarán con la entrega de ayudas económicas a naciones de África y de Oriente Medio –Starmer ya anunciado un primer paquete de cerca de 100 millones de euros– para fomentar la educación, las oportunidades laborales y el apoyo humanitario en los países de origen.
