La secretaria de actas de la comunidad de propietarios del Teatro Principal, Macarena Fuentes, ha presentado este martes en el juzgado de Alicante que investiga presuntos contratos irregulares de montadores y azafatas un informe municipal donde se concluye que el auditorio es una comunidad de bienes y no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.
Fuentes ha comparecido como testigo en el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, donde se investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas contrataciones irregulares del Teatro Principal con varias empresas ligadas a una misma persona desde el año 2005, sin respetar los procedimientos de contratación de la Administración Pública.
El informe, elaborado por el vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, a petición del alcalde, Luis Barcala, concluye que la comunidad de bienes del Teatro Principal «no se encuentra incluida dentro del denominado sector público, ni se puede considerar como poder adjudicador, por lo que no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público». Asimismo, el informe añade que ni los miembros de la Junta General ni los del Consejo de Gobierno «han participado en materia de contratación».
La secretaria de actas de la comunidad de propietarios del Teatro Principal. / HÉCTOR FUENTES
Según el vicesecretario municipal, la entrada de la Generalitat en la participación del Teatro Principal hizo que la mayoría del capital sea público y se debería haber transformado la comunidad de bienes en otro tipo de entidad más acorde con los intereses que pretende defender la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, añade que sigue siendo una comunidad de bienes sin personalidad jurídica propia y no se puede encuadrar en ninguna figura de dicha ley.
Cuentas aprobadas
La subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, ya declaró como investigada en el juzgado y alegó que nadie le advirtió de que estaba sometida a la Ley de Contratación del Estado y que todas las cuentas presentadas al Consejo de Gobierno y la Junta General se aprobaron sin que nadie pusiera reparos o pegas a su gestión.
Padilla señaló en su comparecencia que el coste de los contratos apenas superarían los 15.000 euros, mientras que la secretaria de actas explicó ayer en el juzgado que de acuerdo a las normas internas del Teatro Principal solo puede contratar hasta 3.000 euros, según fuentes judiciales cercanas al caso.
Por otro lado, Fuentes ha reconocido, a preguntas de la Fiscalía, que en las actas de la comunidad se recogió una felicitación expresa del alcalde a Padilla por su gestión económica.
Fuentes ha señalado asimismo que en las reuniones de la Junta General o del Consejo de Gobierno no se hablaba de la contratación.
El exdirector del Cultura al salir de declarar. / HÉCTOR FUENTES
Esta misma cuestión ha sido expuestas por la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, quien también ha declarado como testigo y ha reiterado en varias ocasiones al juez instructor que desconoce el régimen jurídico de contratación y que no se habló de ello en la Junta General. La edil ha indicado que no pensaban que estuvieran sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público.
El último testigo en declarar ha sido el exdirector de Cultura de la Generalitat, Sergio Arlandis, quien ha señalado que no ha asistido a ninguna reunión de los órganos del gobierno del Teatro Principal y no tiene conocimiento de nada sobre las contrataciones.
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