Tal vez el PP acierte en el resto del territorio español; en Canarias, inequívocamente, se ha pegado un tiro en el pie. Quizás incluso más arriba, en la zona inguinal. Núñez Feijoo se equivoca si cree que esta era una ocasión inmejorable para castigar al Gobierno por «no saber hacer las cosas». No se le puede hurtar del todo la razón al líder conservador. Metodológicamente Pedro Sánchez y su equipo no se han lucido. La inmigración –lo dicen todos ellos– debe entenderse necesariamente como una política de Estado que, por lo mismo, tiene que asentarse sobre un amplio acuerdo básico y exige lealtad institucional.
Hace seis meses Sánchez debió convocar la Conferencia de Presidentes y poner sobre la mesa la redistribución de los migrantes menores no acompañados y no facilitar, con su cesarista negligencia, que siguieran acumulándose en Canarias. Claro que la Conferencia de Presidentes es ya un cacharro arqueológico que nadie –salvo Fernando Clavijo, que pidió formalmente su convocatoria– se toma la molestia de citar. Los independentistas vascos y catalanes la desprecian abiertamente y en sus últimas ediciones ni asomaron las narices por ahí. ¿Para qué? Solo entienden las relaciones con el Gobierno central en clave bilateral y sin un interés apreciable hacia las críticas y demandas de otras comunidades autonómica. En efecto, ha sido el presidente Sánchez quien, con su política de alianzas, ha transformado la Conferencia de Presidentes en un anacronismo perfectamente inútil.
Pero el precio de afearle la conducta al Gobierno votando negativamente la reforma de la ley de Extranjería no lo pagan Pedro Sánchez y sus ministros, sino los casi 6.000 niños y adolescentes acogidos y tutelados por Canarias. Y los que vendrán. Y las instituciones públicas canarias. Y las organizaciones no gubernamentales, empezando por la Cruz Roja. El PP no percibe que está votando contra toda esa gente. Ni siquiera reparan en que van a votar no, igualmente, contra sus compañeros y compañeras en Canarias. Manuel Domínguez ha hecho esfuerzos sinceros y persistentes para convencer de la gravedad de la situación a los dirigentes nacionales del PP. A pesar de las palmaditas y de las buenas palabras que recibió el resultado ha sido este. Desde un punto de vista institucional, por lo demás, el PP también ofrece una amable patada hacia Canarias, porque con su negativa la comunidad se queda sola. Absolutamente desasistida de cualquier solidaridad interterritorial.
Núñez Feijóo se sigue aferrando, bastante vergonzosamente, a los 400 menores migrantes ahora residentes en Canarias que su partido se comprometió más o menos en asumir desde cinco comunidades autonómicas. Un pequeño detalle: ninguna de las comunidades gobernadas por el PP se ha puesto todavía en contacto con las autoridades canarias para iniciar el procedimiento administrativo. No han movido un dedo.
Con un resto de optimismo, el ministro Ángel Víctor Torres ha transmitido al PP que pueden hacer enmiendas perfectamente al decreto ley de reforma de la ley de Extranjería cuando regrese para su convalidación al Congreso de los Diputados. Pues no. Todo el esfuerzo de la derecha consistirá en apretar el botón del no sin que la situación de los menores suponga para ellos el más modesto incentivo. Les va a salir caro electoralmente en Canarias. La oleada migratoria no se detendrá en los próximos años y nadie olvidará esta agresión a Canarias, cuyas élites políticas y empresariales deberían reflexionar (muy probablemente) que los costos de las relaciones con el Estado español empiezan a ganar peso frente a las siempre condicionados, negociados, infartados, judicializados beneficios.
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