El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha decidido este lunes llevarse la reunión informal de ministros de Exteriores y Defensa de finales de agosto de Budapest a Bruselas para castigar el pulso político del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyar sin fisuras a Ucrania.

«Teníamos que enviar una señal, aunque fuese simbólica», ha defendido Borrell en rueda de prensa tras debatir el asunto con los ministros de Exteriores de la UE, entre los que ha constatado que una gran mayoría de «25 de 27 Estados miembro» ha criticado la autodenominada «misión de paz» de Orbán y han insistido en la necesidad de «mantener la unidad», como ha sido el caso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Tanto Borrell como Albares han rechazo también el boicot impulsado por varios gobiernos nórdicos y bálticos, además de Polonia, que abogan por ausentarse de las reuniones que la presidencia húngara del Consejo convoque en su territorio en respuesta al desplante de Orbán.

«Reniego de la palabra ‘boicot'», ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, que ha insistido en que el cambio de ciudad de la cita ministerial es un mensaje «simbólico» en respuesta a la actitud unilateral del gobierno húngaro, al tiempo que ha invocado los tratados comunitarios para pedir a todos los Estados miembro la aplicación «leal» de las posiciones comunes de la UE en política exterior.

En la misma línea, Albares apelado a la «unidad y solidaridad» de la UE y ha rechazado cualquier tipo de boicot en el seno de la Unión, aunque no ha confirmado su presencia en la informal al precisar que España repasará la agenda de cada reunión y se reservará su derecho a decidir, en función de ello, a qué nivel acudirá a cada una de las citas.

Asimismo, ha explicado que durante la reunión ha surgido la posibilidad de trasladar la reunión a territorio Ucraniano, aunque ha quedado descartado, ya que sacarla de la UE requiere de la unanimidad de los Estados miembro, aunque «se ha descartado al constatar que no es el caso».



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