“Una estructura organizada” y “piramidal”, basada en «relaciones de jerarquía y afinidad», en cuya «cúspide» se encontraba Carles Puigdemont y que, además, contaría con diferentes niveles de participación en los que intervenieron casi una veintena de personas. Su objetivo era “contar con el reconocimiento” de la Federación Rusa, por lo que mantuvieron contactos con ciudadanos de ese país “para lograr la independencia por la vía unilateral de Catalunya”. Esa es una de las principales conclusiones incluidas en un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, bautizado como Operación Troya, que ha sido entregado al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la presunta trama rusa en el ‘procés’. Los agentes ha analizado los teléfonos móviles de varios investigados, entre ellos el de Víctor Terradellas, que fue amigo de Carles Puigdemont y exresponsable de relaciones internacionales de CDC, y Josep Lluís Alay, actual jefe de la oficina del expresidente.
El informe, al que ha tenido acceso El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, ratifica las líneas marcadas por el juez Aguirre en su auto de apertura de una causa exclusiva para rastrear la presunta trama rusa, así como las expuestas en la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Supremo para que este órgano judicial se haga cargo de las pesquisas por el aforamiento de Puigdemont y del diputado en el Parlament por Junts, Francesc Dalmases, exsocio de Víctor Terradellas. El alto tribunal debe decidir ahora si acepta o no la competencia para continuar con la investigación.
La policía añade al listado de los 13 investigados inicialmente por el togado a otras personas vinculadas a la trama que, a su entender, “tuvieron conocimiento y que participaron de las relaciones que se estaban fraguando” para recabar el apoyo ruso. Estos «implicados», según los investigdores, son: los empresarios Oriol Soler y Jaume Roures, el exalto cargo del Govern y de CDC David Madí, el ‘exconseller’ Xavier Vendrell, y el excónsul honorario de Letonia Xavier Vinyals. Algunos de ellos figuran en una infografía elaborada por los agentes sobre la presunta injerencia rusa en el ‘procés’ y en la que sitúan a los principales personajes, tanto rusos como catalanes.
Esquema realizado por la policía nacional de los investigados en la Operacion Troya / REDACCIÓN
La policía ha recopilado no solo las pruebas recogidas en los teléfonos, como conversaciones de Whatsapp o ubicaciones de los móviles, sino que ha elaborado una cronología desde la manifestación de la Diada de 2012 hasta los altercados por la sentencia del ‘procés’ y los ha relacionado en una infografía con la presencia en Barcelona de miembros del servicio de inteligencia militar ruso (GRU) y con los contactos efectuados por dirigentes independentistas con los supuestos emisarios y enlaces con el Kremlin.
Cronología realizada por la Policía Nacional de la Operacion Troya / REDACCIÓN
Uno de esos encuentros fue en la Casa dels Canonges, residencia oficial de los presidentes de la Generalitat, con Carles Puigdemont días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), en la que los emisarios rusos (así se presentaron) ofrecieron, según admitió Terradellas, ayuda militar y económica para saldar la deuda catalana a cambio de una legislación favorable a las criptomonedas. La policía describe ese encuentro de “cumbre ruso-catalana”.
El informe policía apunta que esa “estructura” formaba parte de “la estrategia internacional” de “un proyecto más amplio”, que respondía a la “voluntad superior” ideada por CDC “de la mano de Artur Mas, en la que se “establecía” una hoja de ruta en varias fases y “vertebrada” por unas “líneas estratégicas interrelacionadas” para lograr un Estado independiente. Los agentes destacan que esa “premisa” ha sido constatada a lo largo de la investigación en “estrategias de financiación, comunicación y movilización de masa“.
Ayuda económica y criptomonedas
Para ello, prosigue la policía, “bajo las órdenes” de Puigdemont, la “estructura diseñó su propia estrategia”, en la que se introducía un “elemento novedoso, a la par que subversivo”, y que consistía en “contar con la ayuda económica y política de la Federación Rusa a cambio del establecimiento de un sistema monetario basado en criptomonedas” y en el desarrollo de una legislación “ad hoc” sobre esta materia.
Esta “estrategia”, sostienen los investigadores, nació en “una suerte de cumbre ruso-catalana” presidida por Puigdemont, en la víspera de la DUI, y “plasmada en varias evidencias” intervenidas, y que fructificaron en dos “proyectos conjuntos” en los que se “integraron” los investigados y “una serie de individuos relacionados con la administración los servicios de inteligencia de la Federación Rusa”. Esos proyectos, indicen, eran de “criptoactivos” dirigidos a la implantación de un sistema monetario digital de bitcoins para “eludir la acción fiscalizadora del Gobierno central” y otro de “comunicaciones” de campañas de “desinformación” para tener el apoyo de la opinión pública y de las instituciones internacionales”.
La policía recalca que los “hechos fácticos” que figuran en su dictamen “muestran que los miembros de la estructura organizada” establecían “contactos y relaciones”, de “forma coordinada y mantenida en el tiempo”, con personas vinculadas con el Gobierno y los servicios de inteligencia de Rusia, “con el objetivo de que coadyuvasen a segregar” Catalunya de España. Estas personas, agrega el informe, son: el exdiplomático Nicolay Sadovnikov; el exdiputado del partido oficialista Rusia Unida, Seguei Aleksandrovich Markov; Andrey Bezrukov y Elena Stanislavovna Vavilova, exagentes del KGB detenidos por el FBI y entregados a Rusia; Evgeny Primakov, jefe de la Agencia Federal de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, y Sergey Motin, exgeneral ruso fallecido en 2018.
Hasta octubre de 2020
Estas conductas, según la policía, constituyen “una grave injerencia contra la integridad, la soberanía, la independencia y la paz del Estado español”, al “mismo tiempo” que promueven la “desestabilización interna de España y buscan la fractura de la Unión Europea”. Los agentes indicen que “bajo estas premisas”, Puigdemont “creó y dirigió” una “estructura estable en el tiempo” que se mantuvo activa entre agosto de 2017 y octubre de 2020.
La presunta trama, señala el informe, se caracterizaba “por una división de funciones”, con una “dirección perfectamente definida y jerarquizada”, que recaía en Puigdemont. El resto de los integrantes se encontrarían en diferentes niveles “regidos por pautas de subordinación y asignación de roles”. Esta función de “dirección”, precisa, la “han desempeñado de forma sucesiva” Terradellas (2016-2018), Alay y el abogado del expresidente, Gonzalo Boye (2018-2020).
Por debajo de este nivel, los agentes sitúan a unos “facilitadores”, entre los que están el empresario Jordi Sardà Bonvehí, el empresario ruso residente en Barcelona, Alexander Dmitrenko (se le negó la nacionalidad española por sus supuestos contactos con el servicio de inteligencia ruso) y el periodista ruso Edvard Chesnokov. En la siguiente categoría, la policía incluye al diputado Francesc Dalmases, y a la exdirigente de Junts Elsa Artadi, entre otras personas. Después describen a los que tenían conocimiento de los que se estaba fraguando. “En definitiva –describe la policía— se aprecia la existencia de un grupo organizado que, de forma estable en el tiempo, con funciones definidas y repartidas entre sus miembros, operaba para establecer relaciones con una potencia extranjera (Rusia) fuera del marco legal vigente”.
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