Unos 30.000 jóvenes aragoneses no tienen ahorros para poner la entrada de una hipoteca. Son la mayoría de los 47.000 que se calcula que no pueden emanciparse del hogar familiar a día de hoy en la comunidad. La lacra afecta, por supuesto, a las grandes ciudades, pero es igual de incisiva en los municipios más poblados de las comarcas, los núcleos que dan vida al mundo rural. El Gobierno autonómico cree haber hallado una solución en una nueva modalidad de promoción de vivienda: la construcción de inmuebles en suelos patrimoniales que se pondrán en alquiler con opción a compra a los diez años en localidades de más de 3.000 habitantes.
El Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Cohesión territorial quiere lanzar el programa con una amplia cartera de suelos bajo el brazo, hecho para el que está promoviendo junto a ayuntamientos que se encuentran a un radio de 50 kilómetros unos de otros una concentración de terrenos disponibles en varios lotes. La intención de dichos lotes es adjudicarlos desde el Ejecutivo autonómico en concesiones patrimoniales, lo que permite la compraventa de los inmuebles en vez de la cesión.
La idea es promover las distintas operaciones mediante colaboración público-privada y que el Gobierno de Aragón pueda adjudicar concesiones patrimoniales para construir vivienda que se pondría en alquiler durante diez años. Cumplido el decenio, los inquilinos contarían con una opción a compra con los pertinentes descuentos. Si el particular no ejecutara la operación de adquisición, sería la DGA la que se apropiaría de la vivienda para incrementar el parque de inmuebles públicos.
El programa, todavía en estudio entre el consejero del ramo, Octavio López, y los ayuntamientos se desarrollará entre 2025 y 2027 dentro de la pata del plan Más Vivienda que ataca la escasez de oferta inmobiliaria en los municipios de más de 3.000 habitantes. Sería un caso, aunque todavía no hay nada cerrado sobre cuántos lotes se sacarán adelante ni dónde, que puede darse en zonas como Fraga, Barbastro, Monzón o Tamarite de Litera, que concentran varias localidades con estas características.
La media se enmarca dentro del programa de fomento a la vivienda destinado a los municipios con más de 3.000 habitantes, una de las seis patas del macroplán con el que la DGA prevé una inversión de 400 millones de euros. La semana pasada se presentó otro de los programas, destinado a los 38 municipios más turísticos de la comunidad, en los que se construirán 455 viviendas públicas para alquiler asequible para trabajadores del sector y también profesores y maestros.
Petición a la Sareb
Es precisamente la falta de oferta de suelos donde levantar toda la vivienda que se proyecta necesaria para desatascar el acceso a este bien básico otro de los dolores de cabeza para los gestores públicos. En paralelo a estos lotes de suelos para concesiones patrimoniales que la DGA y los consistorios preparan, el consejero de Fomento y Vivienda negocia con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la adquisición de terrenos donde podrían construirse «unos 1.800 pisos».
Octavio López explicó a este diario que se puso en contacto con el presidente del conocido como banco malo, Javier Torres, para pedir precio por los terrenos, y la respuesta fue que a precio de mercado. Con la intermediación de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, se está estudiando una alternativa «en forma de convenio o similares» que se conocerá en próximas fechas.
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