El Partido Popular votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, según dicen,porque el Gobierno se ha opuesto a las condiciones que los de Feijóo impusieron para tramitar el texto en el Congreso. El ‘no’ de Moncloa a las peticiones del PP, alegan, ha sido trasladado este domingo por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la dirección ‘popular’, desde la que no han tardado en afear las «imposiciones» y la falta de «diálogo» del Ejecutivo central, motivo por el cual, insisten, ahora mismo su voto para esta iniciativa es negativo.
La decisión llega a escasas horas de que la Cámara Baja debata esta reforma, que tendrá lugar el martes y que contemplará el reparto de menores migrantes de forma obligatoria entre regiones cuando una autonomía supere el 150% de su capacidad, como ocurre actualmente en Canarias. Este asunto ha causado, recientemente, un fuerte terremoto político. Aquellos territorios que finalmente aceptaron la acogida de menores migrantes lo hicieron con el beneplácito del PP y el rechazo de Vox, lo que supuso la salida de los ultraderechistas de los Ejecutivos autonómicos compartidos con los de Feijóo, además de la amenaza de romper también en aquellos Ayuntamientos que colaborasen con este reparto.
Moncloa asegura que sigue negociando
Fuentes del Gobierno, sin embargo, aseguran que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha seguido realizando rondas de contacto con los grupos parlamentarios, entre ellos con el Grupo Popular a través de Miguel Tellado este mismo domingo.
En esta conversación, que ha tenido lugar por escrito, precisan, Ángel Víctor Torres «en ningún momento le ha trasladado al PP el “NO” a negociar del Gobierno ante sus peticiones».
«Todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley del grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP», argumentan.
Las mismas fuentes apuntan que el ministro también le ha trasladado al representante del PP que algunas de las propuestas de la formación ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso. Y detallan cuáles son: «la propuesta de no exceptuar a ningún territorio y la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si ésta se produce.
Sobre la propuesta de que la modificación de la ley de extranjería se haga por medio de un proyecto de ley, Monloa apunta que solo alargaría en el tiempo la solución. Y la urgencia es máxima. «Por eso se ha registrado una proposición de ley URGENTE acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración el martes», explican.
Desde el Ejecutivo aclaran también que Torres ha trasladado a Tellado que la propuesta del PP nacional para que los niños dubitados se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP). No obstante, le han indicado que cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras, pueden tratarse y acordarse, tal y como indicó Torres a Tellado, en el debate parlamentario.
Desde el Gobierno, por tanto, piden al PP que reconsidere su postura y vote SI y «no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias».
Qué supone la reforma de la Ley de Extranjería
La reforma de la Ley de Extranjería contempla, únicamente, la modificación de uno de sus artículos, concretamente el número 35, que hace referencia a los menores migrantes no acompañados. La proposición de reforma de ley, presentada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, determina que las comunidades autónomas deberán ser solidarias por ley y acoger a estos niños, algo que hasta ahora no era obligatorio, además de ampliar las competencias estatales para determinar dónde enviar a esos niños en función de la saturación de cada comunidad autónoma.
La reforma de la ley propone hacer obligatoria la acogida a la hora del reparto de estos niños, en aras del interés superior del menor cuando exista una «contingencia migratoria», así como agilizar los plazos, pues da 15 días para el traslado desde que el menor es inscrito en el registro de menores no acompañados. Todo ello, a su vez, se deriva del incumplimiento sistemático de los acuerdos de reparto por parte de algunas comunidades.
Por ejemplo, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla viven una situación de hipersaturación, mientras que otras comunidades tienen plazas e infraestructura suficientes para contribuir a un reparto más equitativo. Conviene recordar que se está hablando de niños y adolescentes, menores de edad, con unas condiciones materiales y sociales extremadamente complicadas, que les hacen depender de los recursos que las instituciones puedan y quieran poner a su disposición.
Por ello, la nueva redacción del articulado de la ley especifica que, «cuando se produzca una situación de contingencia migratoria extraordinaria, determinará que se establezca, por el órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se traslade para su ubicación a la persona menor de edad extranjera no acompañada en cada caso en los términos previstos en los artículos 35 ter y 35 quáter, siempre que se produzca una sobreocupación respecto del número de plazas disponibles en el sistema de protección de dichas personas en la que el número de personas migrantes menores de edad no acompañadas acogidas representen al menos un 150 por ciento de las plazas disponibles en el sistema».
