Ayuso prepara una nueva ley para dinamitar la universidad pública

La nueva Ley de Universidades que plantea la Comunidad de Madrid ha despertado un malestar generalizado. Oposición y sindicatos se revuelven contra una normativa que, aseguran, obedece a toda una declaración de intenciones por parte de la región que preside Isabel Díaz Ayuso y que va en consonancia con la gestión de Sol en el ámbito educativo. El documento -al que ha tenido acceso ElPlural.com- es por el momento un avance, pero podría sentar las bases del devenir de los centros públicos de enseñanza superior próximamente.

El texto recoge una decena de puntos que dejan entrever, algunos de forma más clarividente y otros de una manera menos explícita, las intenciones de la autonomía frente a la universidad pública: la infrafinanciación de estos lugares, la mercantilización de los mismos o la censura se encuentran entre los aspectos que más han hecho saltar las alarmas en los sectores críticos, pero a ellos hay que sumar otros cuanto menos “extraños”, como son la inclusión de la Formación Profesional (FP) en una norma pensada para las universidades. Esto último resulta “extraño” cuanto menos, según apunta el portavoz de Educación del PSOE de Madrid (PSOE-M) en declaraciones a ElPlural.com

Financiación cero

Por partes, la infrafinanciación es una de las cuestiones sobre las que las voces consultadas –socialistas, Más Madrid y CCOO– hacen más hincapié a tenor de que las universidades madrileñas son las menos financiadas de España. De hecho, en el presente año estos centros han tenido, al menos, un 15% de presupuesto inferior al de 2010 -antes de los recortes emprendidos por el ejecutivo de Esperanza Aguirre-, lo que favorece que actualmente cinco de las seis instituciones académicas se encuentren en números rojos a la vez que se mantiene una situación “prácticamente de parálisis en unos campus con un 49% de precariedad”, tal y como expone la Secretaria General de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

“Las universidades públicas madrileñas llevan años de infrafinanciación, con el gasto por alumnos de los más bajos de todas las Comunidades Autónomas y las tasas de matrícula más altas de toda España hasta el acuerdo estatal de reducción de las mismas”, añade por su parte Álvarez a partir de una idea que ambos comparten. En estas, el diputado socialista apunta que si bien “el fomento de la colaboración entre universidades y el sector privado puede ser beneficioso si se maneja correctamente (…) la financiación pública debe seguir siendo la principal fuente de ingresos, asegurando así que éstas puedan operar con independencia y priorizando el interés público sobre el privado”.

En datos, desde CCOO apuntan que “con 600.000 euros para infraestructuras por universidades -lo que figura en los presupuestos de 2024-, es materialmente imposible mantener siquiera las obras que se tienen. “Esta falta de financiación limita  y lastra su funcionamiento, su desarrollo y limita su potencialidad con respeto a las demás universidades públicas españolas y desde luego en relación con las universidades privadas madrileñas que son claramente potenciadas y promovidas por los distintos gobiernos del PP y en particular en de Ayuso”, incide Galvín, que apostilla que las pretensiones de la Comunidad pasan porque las universidades públicas madrileñas “cubran cerca del 30% de sus presupuestos mediante recursos propios como son los ingresos por oferta de títulos propios o los acuerdos con empresas en lugar de asumir el 100% de su financiación descargando en los centros su responsabilidad presupuestaria”.

Hacia lo privado

Esa “privatización encubierta” es precisamente otro de los aspectos que más preocupación despierta entre la izquierda y sindicatos. Álvarez evidencia cuál la intención de la Comunidad en favor del ámbito privado en tanto en cuanto la creación de centros privados no tiene que pasar el control que debería.

Explicado de otro modo, el nuevo modo de creación de centros de este carácter iría en contra de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y se enmarca en un criterio conocido como “silencio positivo” a partir del cual, si la administración no se pronuncia en un plazo determinado, la solicitud se considera aprobada, un mecanismo que en última instancia “puede facilitar la proliferación de instituciones sin un control riguroso de calidad”.

“Para la creación de un nuevo centro privado es obligada el cumplimiento de la LOSU, sobre todo en aspectos básicos como es la investigación”, advierte a la vez que data en el doble el número de universidades privadas respecto de las públicas actualmente en Madrid –12 frente a 6, sin contar con las 4 que se encuentran pendientes de autorización-. “Y muchas de ellas son academias universitarias, no en el sentido que regula la LOSU que han de dedicar una buena parte de su labor a la investigación y el desarrollo científico, sino que conceden títulos con unas obligaciones que muchas veces no cumplen la normativa en cuanto a instalaciones y demás…”, expone.

Otra vez alerta

La responsable educativa del sindicato alerta de que es precisamente la financiación la cuestión sobre la que el equipo de Ayuso no quiere hablar. Para camuflarlo en cierto modo, cuando presentaron la ley “se centraron en el nuevo reglamento disciplinario”, pero esto, sin quererlo, “desvió la atención hacia este elemento polémico y la quitó de la clave, quizás esencial que incide además directamente en el impulso de un mercado potenciado desde la promoción de universidades privadas”.

Con todas las cartas sobre la mesa, la Secretaria General de Enseñanza de CCOO también lamenta que esta normativa, además de perpetuar la deficiente financiación de universidades públicas y el peso de las privadas, pudiere desarrollarse “para evitar cumplir la nueva ley orgánica de universidades”, aunque deja claro que hasta que el texto no esté escrito, el sindicato no podrá opinar en detalle sobre lo que en él aparezca finalmente.

Censura en los campus

Otro de los puntos que enfadan sobremanera entre los detractores del avance pasa por el régimen sancionador que plantea el mismo y que muchos ven una respuesta a manifestaciones que los estudiantes han llevado a cabo últimamente, como la que tiene que ver con el apoyo a Palestina.

“La inclusión de un régimen sancionador es necesario para mantener el orden en las instituciones educativas. Sin embargo, la definición de infracciones debe ser clara y justa, evitando interpelaciones arbitrarias que puedan restringir la libertad de expresión y la legítima protesta estudiantil; y el vandalismo no puede ser una excusa para limitar los derechos de los alumnos (…) Además esto evidencia que la CAM está entrando en cuestiones que no son de su competencia, como el Decreto de Convivencia que publicó el Gobierno”, dicta Álvarez al respecto.

Sobre ello, el diputado de la Asamblea por el PSOE expone que se trata de una “barbaridad”, ya que “es como si cada vez que pasa algo en una manifestación dentro de Madrid se pidieran cuentas al Ayuntamiento”.

Esta ley es una barbaridad

Desde Más Madrid, su homólogo Antonio Sánchez habla de una nueva ‘bomba de humo’ por parte de Ayuso. “Ya sabemos lo que está haciendo. Quiere que miremos ahí, que nos metamos en ese debate, y que nos olvidemos de la privatización del ecosistema universitario madrileño”, afea.

Más puntos polémicos de la nueva normativa de universidades de Ayuso

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con los órganos de gestión. En este sentido, pasaría un poco lo mismo: se trata de un asunto que la Comunidad “no puede regular como quiera” y que podría ir en contra del artículo 27.10 de la Constitución y nuevamente de la LOSU.

En lo que respecta a la propuesta, introduce requisitos específicos para la elección de rectores, gerentes y acreditación de catedráticos, una “exigencia” que “puede limitar la diversidad y la renovación en los liderazgos universitarios favoreciendo perfiles tradicionales y excluyendo a potenciales líderes innovadoras”.

Asimismo, chirría la inclusión de la FP en una nueva ley de universidades. El PSOE deja claro que es, cuanto menos, algo “extraño”, dado que estos estudios no se rigen por las ordenanzas universitarias, mientras que la formación de Manuela Bergerot asevera que el documento convierte en una ley ómnibus en la que se incluyen “otras enseñanzas superiores o ciencia”.

Para las decisiones, recuerdan todos, además no se ha consultado a rectores ni universitarios.