Un empleado de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha revelado al juez anomalías en el funcionamiento del departamento de Dominio Público en el mandato anterior, con Luis Ibarra al frente del ente portuario.
El testigo asegura que la jefa del servicio, Elena Marín, se abstenía en los proyectos en los que participaba su marido como ingeniero, pero luego se interesaba en la tramitación de los mismos, incluso mantenía reuniones y daba indicaciones sobre las decisiones a tomar en la tramitación de los procedimientos administrativos.
Ocurrió al menos en tres expedientes, según la declaración ofrecida por el testigo, que ha sido solicitada por los letrados defensores de Luis Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, actual director del mismo organismo, y Carmen Gloria Rodríguez, jefa de Recursos Humanos.
Marín les acusa de varios delitos al ser trasladada de departamento en mayo del año pasado, mediante una supuesta «sanción encubierta» al negarse a cambiar el sentido de un informe a favor de la empresa Terminales Canarios, dando luego Ibarra explicaciones a los medios de comunicación que dañan su honor y prestigio profesional, según su versión de los hechos. Unos delitos y afirmaciones que los tres investigados han negado en sus declaraciones judiciales.
Polémica eólica
La defensa va ahora más allá y trata de acreditar que el relato de la querella no se ajusta a la realidad, sobre todo en la parte que alude al cambio forzoso del puesto de trabajo. La querellante sostiene que no se abstiene en los procedimientos por la incompatibilidad o el conflicto de intereses con su pareja, que esos argumentos proceden de una causa archivada y resucitada por Ibarra para hacerle daño al negarse a informar a favor de Terminales Canarios, pero el testigo contradice esa versión de los hechos.
El trabajador comenzó en Dominio Público en 2019 y no conocía los vínculos sentimentales de su jefa con los proyectos del ingeniero. Se enteró de las causas de abstención después, tras un incidente con el director del Puerto en el que participó la propia Marín. Ocurrió a finales de 2021 y afecta a la tramitación del proyecto presentado por IRM Canary Base SL, que había solicitado casi 80.000 metros cuadrados de suelo más 6.000 de lámina de agua para invertir 24 millones de euros en el muelle Juan Sebastián Elcano, con la finalidad de desarrollar una gran plataforma de reparación de buques y servicios en el sector de las energías renovables.
La Autoridad Portuaria, como la solicitud superaba los 2.500 metros cuadrados, inició un procedimiento de competencia de proyectos, trámite al que se presentó también Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL, con una propuesta similar para la misma parcela. A partir de ahí comenzaron los incidentes entre el empleado, su jefa y el superior jerárquico de ambos, que es el director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.
Discrepancia e informe jurídico
El trabajador de Dominio Público era partidario de aceptar la participación de las dos empresas en el procedimiento de competencia, mientras que Marín quería excluir a Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL porque carecía de «solvencia técnica» para presentarse, dejando solo en el proceso a IRM Canary Base, cuyo proyecto lo había redactado la sociedad del marido de Marín, jefa del departamento.
La discrepancia llegó hasta Trujillo, que en ese momento «pasaba por el pasillo» y fue requerido por la propia Marín. El director se «sorprendió» porque conocía la abstención de la jefa del servicio en la tramitación de ese procedimiento, según las explicaciones dadas al juez por el testigo.
La discusión, además, llegó al departamento jurídico, que se vio obligado a emitir un informe para zanjar la discrepancia, con una controvertida ampliación de plazo dada a Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL para la subsanación de las deficiencias formales detectadas. El dictamen no supuso la expulsión de la empresa del proceso, pero sí la eliminación de una parte de la documentación presentada, la cual se consideró improcedente porque en los procedimientos de concurrencia pública, como son el trámite de competencia y el concurso, la Ley del Procedimiento Administrativo Común no permite ampliaciones extraordinarias de plazos (en este caso se concedieron los 10 días habituales más 5 excepcionales).
Documentación excluida
La documentación que se quedó fuera del expediente afecta al cambio de objeto social de Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL para poder dedicarse al sector naval, aunque ambas propuestas fueron finalmente archivadas y rechazadas por el Consejo de Administración del Puerto, que optó por convocar un concurso público para desarrollar el negocio eólico en la Luz.
Ese concurso, que fue declarado desierto al no presentarse ninguna empresa, está recurrido junto al trámite de competencia y pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Se trata de un proceso administrativo y, por tanto, ajeno a la querella que tramita el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.
En la causa penal, el magistrado Luis Galván trata de aclarar si Ibarra y su equipo actuaron movidos por algún tipo de animadversión hacia Marín, extremo que ha sido negado por el testigo al no apreciar ningún trato de ese tipo en Dominio Público.
Consejo de Administración
Su versión, además, coincide con la del expresidente de la Autoridad Portuaria, que optó por elevar al Consejo de Administración el traslado de Marín al enterarse por el director del incidente de la abstención, previa consulta a Puertos del Estado para aclarar cómo debía proceder ante esa eventual incompatibilidad.
La acusación, sin embargo, trató de quitar hierro al asunto, con el argumento de que el Puerto tramita más de 300 concesiones al año, el testigo solo alude a tres situaciones comprometidas y en la más relevante fue la propia Marín quien llamó de manera espontánea al director de la Autoridad Portuaria.
Otras fuentes elevan a 11 los proyectos presentados en los últimos años por la pareja de la empleada pública.
