Marylin Cortes lleva dos años residiendo en Toledo por la inseguridad con la que vivía junto a su familia en Colombia. Ella era pedagoga infantil en una escuela rural; su marido, ingeniero de sistemas de formación, trabajaba en política. «Recibió algunas amenazas de grupos ilegales, algunas cumplidas y otras no. Por protección de nuestras hijas dedicidmos tomar el rumbo de venir a España», relata.
Empezó trabajando en casas de famlilias hasta que regularizó su situación el pasado 2 de febrero. Ahora trabaja como camarera de piso haciendo 14 habitaciones en turnos de cinco horas. «Ya te imaginarás lo rápido que va todo para alcanzar ese tiempo», dice. Su marido, Andrés Serrano, trabaja en un casino. El sector de la construcción, el que más oportunidades le ofrecía, no era una opción por sus problemas de espalda.
«Con la conversión [de la divisa] gano lo mismo de lo que trabajaba con la licenciatura y lo que trabajo aquí. Pero la diferencia es el esfuerzo físico. En Colombia, siendo docente, el cansancio era mental», indica. Lo echa de menos, pero a pesar de haber realizado todos los trámites necesarios y de pagar lo que le correspondía para homologar su título, lleva dos años sin haberlo logrado. Cada vez que mira en la Carpeta Ciudadana −un espacio personal en línea que permite a la ciudadanía recibir avisos y consultar sus datos personales, documentación, notificaciones y expedientes −para ver cómo va el proceso, la respuesta es siempre la misma: «En revisión».
Más de la mitad (58%) de las personas migrantes en España están sobrecualificadas para sus empleos, según ha indicado la ONG Accem. De los 1,8 millones de personas extranjeras, casi un millón posee una titulación superior, normalmente universitaria, pero desempeñan un trabajo para el que no se requiere un nivel educativo tan alto. Una de las causas son las trabas para conseguir la homologación, pese a que
Actualmente, el Ministerio de Universidades acumularía unos 100.000 expedientes pendientes de tramitación, según estimaciones de la plataforma Homologación Justa ya!, un movimiento creado por diferentes profesionales migrantes que lucha por la homologación de títulos en España. Llevan meses convocando manifestaciones para visibilizar su situación y reclamar que se agilice el proceso.
Talento migrante desaprovechado
Porque detrás de ese tapón de decenas de miles de expedientes hay muchas historias. Como la de Yana Gres, de 40 años, que descuelga el teléfono en Guadalajara. Ella tenía toda su vida en Ucrania, donde trabajaba como médica. En 2022, con el inicio de la guerra, salió junto a sus hijos, de 19, 15 y 12 años. «Desgraciadamente, mi marido sigue allí», cuenta.
Imagen de archivo de una de las protestas para la homologación rápida de títulos. / Alba Vigaray
Era neumóloga en un hospital público, pero aquí consiguió un empleo como operaria de producción en una empresa que produce carne, especialmente pollo. Le resultó bastante sencillo lograrlo. Fue otra chica ucraniana la que le dio el chivatazo. «Cada día doy gracias a Dios y a mi jefe y a toda la gente con la que trabajo porque casi todos son buenas personas. Son muy amables, me explican todo… Estoy feliz porque tengo trabajo», apunta.
Conoce aquí a mujeres que eran profesoras de matemáticas o directoras de orquesta trabajando en puestos que no tienen nada que ver con su formación. «Intentar validar el título es muy difícil», relata. Lo primero que necesita es aprender español para acreditar que tiene un B2. Y aunque se disculpa varias veces durante la conversación por su nivel de expresión oral, no puede estar muy lejos de lograrlo.
Con todo, confiesa que le resulta más fácil ser médica. Lo echa de menos. «Pero, ¿sabes qué? Me parece que no hay cosa más horrible que la guerra. Esto no significa nada. Estamos aquí en paz, tenemos casa, trabajo. Tenemos vida. Ahora eso es lo más importante», cuenta.
Construcción y agricultura
Felipe (nombre cambiado) es también colombiano. Tiene una ingeniería. En Colombia trabajaba como técnico de soporte del área de sistemas del instituto de educación a distancia de una universidad público.
Aquí comenzó trabajando en labores agrícolas. También ejerció en el área de la construcción y ahora es técnico de fibra óptica. «El tema de la homologación de los títulos es un poco complicado. Hasta hace poco no tenía la documentación necesaria… pero normalmente no se pueden homologar las títutlos completos o los cursos adicionales», indica.
El Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación marca un plazo máximo de instrucción y resolución de seis meses, pero asociaciones y expertos explican que rara vez se cumple. «Los retrasos siguen siendo largos», apunta Diego Fernández Maldonado, del equipo de orientación jurídica de Cáritas, que lamenta la incertidumbre que esto provoca entre las personas que hacen la solicitud.
Indica que es «un procedimiento mejorable» en el que está trabajando el Ministerio de Universidades. «El problema es que paraliza los primeros meses, incluso años, en la vida de una persona de poder ejercer la posición que sabe y que puede aportar a la sociedad de acogida». Además, recuerda, entre quienes han pasado por una migración forzosa es todavía más complicado lograr la documentación que acredite su formación.
Por eso, el movimiento Homologación Justa Ya pide un plan de choque con provisión urgente de medios humanos y materiales proporcional al volumen de solicitudes, de cara a resolver en un máximo tres meses desde su implementación todos los expedientes actualmente pendientes, y en seis los que se abran en adelante.
La experiencia que no cuenta
Otro problema para muchas personas migranes es que no siempre se tiene en cuenta esuxperiencia previa. Marylin Cortes, que también trabajó como administrativa, no ha conseguido ningún puesto en esa labor por no haberla realizado nunca antes en España.
«La práctica realizada en el país de origen no está valorada aquí y tienen que partir casi de cero», reconoce Fernández Maldonado. Esto les limita a optar a puestos que no requieren experiencia previa, que en el caso de las mujeres suele estar relacionado con el trabajo doméstico; y en ellos, con la construcción y agricultura.
A esto, indica el jurista, se añade el factor de que muchas personas, al principio, están en una situación irregular, por lo que «no pueden ponerse demasiado quisquillosos con las exigencias laborales» al estar en una situación de dependencia de ese contrato para conseguir el arraigo.
En 2023, de las poco más de 53.000 solicitudes que hubo, únicamente 18.000 resoluciones fueron favorables.
