Asociaciones Ecologistas y vecinos de las zonas afectadas siguen alertando del impacto que supone el proyecto de macrocelulosa que la empresa portuguesa Altri quiere llevar a cabo en Palas de Rei (Lugo). En este sentido, no solo han alertado de sus efectos sobre «una flora única» y la fauna del lugar, tal y como han corroborado investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, sino que también han advertido de que el proyecto choca de frente con las normativas europeas.
Según apunta ADEGA, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 25 de junio de 2024, a raíz de un procedimiento prejudicial planteado por un tribunal italiano, acalara el alcance e interpretación de ciertos preceptos de la Directiva 2010/75/UE (IPPC), sobre las emisiones industriales, prevención y control integrados de la contaminación.
El dictamen, recoge, entre otras cosas, que esta norma «debe interpretare en el sentido de que para los efectos de expedir o revisar una autorización de explotación de una instalación la autoridad competente deberá tener en cuenta, además de las sustancias contaminantes previsibles, todas aquellas que, por la naturaleza y tipo de actividad industrial de la que se trate, sean objeto de emisiones científicamente reconocidas como nocivas, incluidas las generadas por esa actividad que no fuesen avaladas en el proceso de autorización inicial de esa instalación.
Esto supone, apunta ADEGA, que la Xunta de Galicia está obligada a tomar las previsiones pertinentes en relación a las evaluaciones previas sobre las repercusones de la actividad de Greenfiber (Altri + Greenalia) en la Ulloa, tanto en lo que atañe al medio ambiente, como en lo que afecta a la salud humana. La aministración autonómica, ha de integrar estas previsiones en los procedimientos de expedición de los permisos de explotación», recalcan, subrayando de nuevo que debe tener en cuenta «todas las sustancias sujetas a emisiones cientificamente reconocidas como nocivas que puedan ser emitidas por la instalación, además de las sustancias contaminantes previsibles en función de la naturaleza y tipo de actividade industrial de la que se trata».
Altri solo informó de 4 contaminantes
En este punto, la asociación ecologista gallega recuerda que Altri solo informó de cuatro contaminantes, cuando son muchos más los que hay que tener en cuenta. «El proxecto de Altri-Greenfiber que fue objeto de información pública y en estos momentos está pendiente de la resolución de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), del trámite ambiental (DIA) y de la solicitud de utilidad pública solo contempló estos cuatro contaminantes a la atmóstera: partículas PM10, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y TRS -compuestos reducidos de azufre-«, explican.
Sin embargo, no cuantificó ni determinó los efectos ambientales y sobre la salud de las partículas finas «PM2,5, dióxido de carbono (CO), monóxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM), óxido nitroso (N2O), dioxinas y furanos (PCDD+PCDF), carbono orgánico total (COT), metano (CH4), mercurio (Hg), cadmio (Cd), zinc (Zn), etc».
Esto supone, apuntan desde ADEGA, que Altri incumple la Directiva 2010/75 al ocultar datos sobre una marea de contaminantes que emite y que son peligrosos para la salud y el medio ambiente, y, por tanto, la Xunta de Galicia ha de desestimar el actual proyecto y aplicar la Directiva IPPC de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia Europeo.
Del mismo modo, en previsión de que haya nuevas solicitudes debería pedir a la mercantil que determine todas las sustancias nocivas que emita la instalación.
Mientras tanto, y tras la gran movilización ciudadana del mes de junio en la capital gallega contra el proyecto de Altri, vecinos y asociaciones ecologistas preparan ya nuevas acciones de protesta para después del verano.
