El nombre de Isabel García no sonaba entre las quinielas para presidir el Instituto de las Mujeres. Fue inesperado, como el de la ministra Ana Redondo, solo que las reacciones entre un nombramiento y otro no tuvieron nada que ver. Entre algunos movimientos, lo que interesaba era saber la posición de ambas sobre la ley trans, la norma que había dividido a parte de las feministas del PSOE con Podemos. Mientras que la titular de Igualdad expresaba que su intención era desarrollar aún más la normativa para que cualquier persona del colectivo siguiera adquiriendo derechos, las redes sociales de García se abrieron como caja de Pandora dejando a la luz mensajes calificados como «tránsfobos».
La socialista nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1968. «Desde que tengo uso de razón me he preguntado por qué algunas personas eran tratadas de una manera diferente en función del sexo o de la orientación sexual. Por eso, durante toda mi vida he tenido claro el objetivo de conseguir una sociedad en la que la igualdad real entre mujeres y hombres fuese una realidad. Y a ello me he dedicado desde muy jovencita, militando en el activismo social, primero, y político, después», contaba este jueves en un comunicado.
En la Comunidad Valenciana comenzó ese «activismo político». Fue coordinadora LGTBI+ del PSPV y secretaria LGTBI+ en la provincia de Valencia. En 2015 la designaron diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia durante la primera legislatura del Pacto del Botánico, la alianza del PSPV, Compromís y Unides Podem. Pertenecía al sector ‘abalista’, el más cercano a Pedro Sánchez en la región en aquel momento.
Como diputada se ganó el reconocimiento de asociaciones y entidades de mujeres en la región con la puesta en marcha de la Red de Municipios contra la Violencia de Género en la provincia. O el Feminario de Valencia, definido por ella misma como «un espacio de debate para colaborar en la construcción del conocimiento y pensamiento feminista, capaz de dar respuestas a los nuevos retos y realidad». «Son iniciativas que tienen bastante repercusión en el ámbito del socialistmo feminista y que se gana el favor del movimiento feminista», aseguran fuentes que la siguieron de cerca en aquel entonces.
Isabel García junto al presidente de la Diputacion de València, Toni Gaspar / EFE
«Peleona y de trato cercano» «se mueve muy bien en el sentido de que es aceptada» tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. «En el ámbito del feminismo clásico la respetaban bastante», aseguran estas mismas fuentes.
El momento más duro para ella en aquella época vino con la imputación por un posible delito de malversación tras la concesión de una subvención de 60.000 euros al club Champi Women Racin a raíz de una denuncia de Ciudadanos. En junio de 2019 el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia anunció que había sobreseído la causa. Después, pasó a ejercer como asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (2019-2022), adonde llegó durante el mandato del entonces ministro José Luis Ábalos.
Nombramiento frente al Instituto de las Mujeres
Cercana a Carmen Calvo y avalada por el ya diputado Ábalos, en diciembre de 2023 Igualdad la nombró directora del Instituto de las Mujeres. Poco después empezó la polémica tras salir a la luz algunos tuits que había publicado. Por ejemplo, el 10 de enero de 2023 tuiteaba que «las mujeres trans no existen», en respuesta a otro mensaje de Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del PSOE, donde este afirmaba que «las mujeres trans son mujeres». Para ella, «las mujeres transexuales son mujeres transexuales y punto».
En los últimos años escribió mensajes en los que criticaba «el delirio de lo queer» y se ha manifestado contra de la autodeterminación de género. Esto hizo que tanto Sumar como Podemos y entidades y asociaciones LGTBI+ y de familiares de personas trans pidieran al Ministerio de Igualdad su cese. Recogieron firmas y enviaron cartas, pero todo fue en vano. La mininistra Ana Redondo prometió que ella misma vigilaría que nadie de su ministerio fuera en contra de los derechos de las personas trans. También feministas de Valencia enviaron una misiva a la titular de Igualdad aunque, en su caso, respaldándola.
Ahora es el señalamiento por los contratos a su pareja lo que pone en jaque a la directora del Instituto de las Mujeres. Durante los dos años en los que no ostentó ningún cargo político trabajó como consultora de políticas de igualdad en el sector privado. Esta semana se supo que su empresa familiar habría conseguido contratos públicos de ayuntamientos regidos por el PSOE para la gestión de los puntos violeta contra la violencia machista.
De esas adjudicaciones a las empresas que comparte con su mujer y exasesora del PSOE en el Senado, Elisabeth García, habría facturado 250.000 euros, según adelantó El Español. Son Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad, de las que redujo su participación empresarial a un 8%, por debajo del 10% que permite la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno.
Además, habría utilizado una empresa de la directiva de la Real Federación Española de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo del Mundial 2030, María Tato, para conseguir contratos a su favor. Ella asegura tener «la conciencia tranquila». La ministra de Igualdad ha salido en su defensa para pedir al menos «tiempo» en el que seguirá dando «todas las explicaciones que considere».
Para Sumar y Podemos, que vienen pidiendo desde hace tiempo su cese por su «transfobia», esto es la gota que colma el vaso: ya van dos desencuentros en el Gobierno en apenas siete meses por el mismo cargo.
