Vox está dispuesto a sacar rédito de la ruptura de media decena de gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Una semana después de que abandonaran los ejecutivos regionales por la decisión de los populares de aceptar el reparto de cerca de 350 menores extranjeros, la formación de extra derecha busca poner a los conservadores contra las cuerdas obligándoles a que se pronuncien sobre el uso de las Fuerzas Armadas para frenar la inmigración. Rechazar esta medida, ha dicho el secretario general del grupo parlamentario ultra, José María Figaredo, supone ser «cómplice» de la muerte de menores en el mar.
A comienzos de mes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sostuvo que el Gobierno debía disponer de las Fuerzas Armadas para defender las fronteras «desplegando embarcaciones» para evitar que los cayucos salgan al mar. La propuesta, reclamada por Vox desde hace años, fue duramente criticada por el Gobierno y nadie de las filas conservadoras volvió a mencionarla. Días después, ante la dramática situación que vive Canarias con más de 6.000 menores a su cargo, aceptaron el reparto de 350 niños por el resto del país y dejaron una puerta abierta a reformar la ley de extranjería.
La decisión del PP llevó a Vox a romper todos sus gobiernos autonómicos. «Pasamos a la oposición«, dijo Abascal. Una oposición que parece que van a practicar también desde el Congreso de los Diputados. Este jueves, Figaredo ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a «reforzar los controles migratorios» en Canarias dotando de más medios a «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor y facilitando la implicación de las Fuerzas Armadas«. Llegado el momento, el PP deberá decidir cuál es su posición definitiva.
Criminalizar la migración
«No queremos niños muertos en nuestras cosas, no queremos adultos y jóvenes sembrando el terror en nuestros barrios», ha dicho Figaredo, en la constante deriva de Vox de vincular migración con inseguridad ciudadana. Además, ha asegurado que «con políticas migratorias serias el tráfico de personas terminaría mañana». Entre las medidas que ellos proponen está «identificar y bloquear rutas de tránsito de inmigración ilegal, en particular la que llega a las Islas Canarias». Para esto, como dijo Tellado, sería necesario la participación de la Armada.
Por otro lado, Vox pone el foco en las «mafias dedicadas al tráfico de personas» y pide una «persecución efectiva y el castigo para quienes se enriquecen» con estas prácticas. También plantean suspender la financiación a las oeneges que ayudan a salvar a migrantes del mar; «poner fin a las políticas de efecto llamada», entre las que estaría la acogida de menores extranjeros; buscar acuerdos con los países de origen para «la rápida repatriación» de los migrantes; o impulsar campaña de comunicación institucional para «concienciar de que la entrada ilegal a España supondrá la inmediata detención y deportación al país de origen».
Capítulo especial merece dos puntos de la proposición no de ley que persiguen criminalizar a todas las personas migrantes. El primero plantea obligar a los medios de comunicación a dar datos «sobre la autoría y nacionalidad de los crímenes cometidos por inmigrantes ilegales» y el segundo reforzar la presencia de la política en los barrios «donde la seguridad se ve más amenazada a causa de la inmigración ilegal masiva o descontrolada».
