Todo comenzó en Mercasevilla en 2009. Dos empresarios denunciaron a la Fiscalía que los responsables del mercado les habían exigido casi un millón de euros a cambio de concederles una escuela de hostelería en esas instalaciones. La juez Mercedes Alaya comenzó la investigación, pero lo que también encontró es que en un ERE de Mercasevilla había beneficiados que jamás habían trabajado en esa empresa. Los investigadores comprobaron que la estafa se repetía una y otra vez en numerosos ERE financiados por la Junta andaluza. La investigación alcanzó al ya fallecido exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, quien confesó que la Junta había repartido de forma arbitraria y sin control casi 650 millones de euros a empresas en crisis. Mientras Guerrero apuntaba a sus superiores, su chófer lo incluía en una trama más sórdida en la que no faltaban clubes nocturnos y cocaína. El caso de los ERE no parecía tener fin. Llegó a acumular hasta 187 piezas separadas y medio millar de imputados, muchos empresarios y también políticos. La Audiencia de Sevilla condenó por prevaricación a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, además, por malversación. Junto a ellos, varios exconsejeros y numerosos ex altos cargos andaluces. 15 años después de que todo empezara, el Tribunal Constitucional ha desautorizado sus condenas. Desde 2001 actuaron, dice el Alto Tribunal, amparados por leyes aprobadas por el Parlamento andaluz.
