La derogación de la llamada ley mordaza —la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015— es un compromiso viejísimo del Ejecutivo de coalición progresista. Ya lo intentó en la pasada legislatura, pero la reforma decayó porque ERC y Bildu la consideraban insuficiente, al no incluirse la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma y mantenerse las devoluciones en caliente de inmigrantes. Pero este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció desde Bruselas que había alcanzado un pacto con sus socios socialistas para acabar con la legislación del PP. El alcance de ese acuerdo, sin embargo, fue rebajado primero por su partido, por Sumar, y más expresamente por la vicepresidenta primera del Ejecutivo y número dos del PSOE, María Jesús Montero. Lo cerrado entre los dos miembros del Gabinete es que se revisará «única y exclusivamente» lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias. Es decir, con la parte de la norma que afecta a la libertad de expresión. Solo eso. El resto de cuestiones se irán abordando (y encajando) con los aliados parlamentarios, y en la Moncloa ya asumen que la negociación no será fácil.
«Ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma», había asegurado con total rotundidad Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la UE que se celebraba este martes en Bruselas. «La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista», añadió. Adelantaba así, decía, uno de los contenidos de la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, mañana miércoles en el pleno del Congreso.
Poco más tarde, Sumar limitó el alcance de ese acuerdo. El partido había cerrado con el PSOE, señaló, el «inicio de la derogación de las leyes mordazas«, entendiendo por tales la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión. Entre lo acordado, siempre según Sumar, se incluiría una nueva redacción del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que el delito de difundir imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones debe ser «constatable».
La reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, seguía explicando Sumar, comportaría varios puntos: la supresión del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (artículo 525), la «derogación de los delitos contra la Corona» (artículos 490.3 y 491) y la «derogación de las injurias al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército (artículo 504). Además, el socio minoritario da por pactada la modificación de la ley orgánica de 1982 de derecho al honor para «incluir una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral» pero sí se publiquen «innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada».
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, limitó el alcance de lo acordado. Lo que se ha hablado entre PSOE y Sumar, dijo, es una reforma de la ley «únicamente en la parte referida a los delitos por injurias». La ministra recordaba, no obstante, que no bastan los dos socios de coalición para sacar adelante la iniciativa. Es una reforma de ley orgánica que requiere del apoyo de los aliados parlamentarios. Es decir, desde ERC y Bildu hasta PNV y Junts.
(Noticia en ampliación)
