Pedro Sánchez presentará este miércoles en el Congreso el plan de regeneración democrática con el que se comprometió a un “punto y aparte” en la legislatura tras encerrarse a reflexionar sobre continuidad como presidente del Gobierno. Más de dos meses y medio de aquel anuncio, condicionado por la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, en Moncloa rebajan las expectativas de algunos de sus socios. Según avanzan sus colaboradores, Sánchez se limitará a plantear un “esqueleto” sobre medidas «genéricas», centradas principalmente en medios de comunicación para desarrollar el reglamento aprobado por la Comisión Europea relativo a su financiación y transparencia. Asimismo, en su intervención dará alguna pincelada sobre el acuerdo con Sumar para “revisar” los delitos de injurias relacionados con la libertad de expresión.
Desde el Ejecutivo justifican la falta de concreción, así como de un cronograma para impulsar estas medidas, porque su intención es abordar primero una negociación con sus socios de investidura. La idea es “abrir el debate” y tras ello “escuchar” al resto de grupos parlamentarios, indican las mismas fuentes de Moncloa. A partir de ahí se iniciará una ronda de contactos para recabar propuestas dentro del marco preestablecido por Sánchez. “Primero escucharemos y según cómo respiren veremos respuestas concretas”, añaden. No será de forma inmediata, pues prevén que el intercambio de papeles se empiece a aterrizar a partir de septiembre.
La parte del denominado plan de “calidad democrática” que prioriza el Ejecutivo tiene que ver con limitar los “bulos” y lo que denominan “pseudomedios”. Para ello, Sánchez ha puesto el foco en la reforma de la ley de publicidad institucional o en la del derecho al honor y rectificación. En su última entrevista planteó la intención de topar la financiación pública de los medios. “No es aceptable que se financie” con recursos públicos «desinformación y bulos», sobre todo cuando pesan más los ingresos por financiación pública que por audiencia. Según cuestionó, “hay medios que no tienen lectores, solo dinero público».
Los ejes que guiarán el plan tiene que ver con la norma europea sobre libertad de medios de comunicación que entró en vigor el pasado 7 de mayo. Los países miembros deberán aplicar el grueso de su articulado a partir de 2025, como son la parte relativa a crear bases de datos sobre la propiedad de los medios de comunicación. Esta será una de las prioridades del Gobierno a la hora de su aplicación para arrojar luz sobre los titulares directos o indirectos que a través de acciones tengan influencia en la toma de decisiones. Asimismo, la norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”.
El Gobierno está dispuesto a abrirse a incorporar demandas del resto de grupos parlamentarios, aunque por el momento ha acotado la capacidad de intervención de sus propios socios de coalición. Después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciase este martes un acuerdo para “derogar” la ley mordaza, una de las principales reivindicaciones de la izquierda, en el Ejecutivo lo limitaron a la reforma de un solo artículo. En concreto, acabar con las sanciones establecidas en el artículo 36 de la ley y que afectan a los periodistas «en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial».
Compromisos de “revisión”
Fuentes del Gobierno encargadas de la negociación sobre la modificación de la ley de seguridad ciudadana reconocen las dificultades para su derogación. El rechazo de ERC y EH Bildu a una reforma parcial sigue encima de la mesa no se incluyen sus demandas relativas a la prohibición de las pelotas de goma en las cargas policiales o de las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Dentro de los cambios en la ley del derecho al honor, desde Sumar también han avanzado que se incluirá una “reparación pública” en el caso de instrucciones con repercusión mediática que no culminen con la apertura de un juicio oral. La conocida como “pena del telediario”. En el Ejecutivo reconocen un principio de acuerdo para “revisar” esta cuestión, pero sin concretar hasta el punto de que no se ha decidido en qué consistiría dicha reparación y si sería de carácter económica.
Segundo paquete
En el Gobierno no descartan que se pongan sobre la mesa de las negociaciones otros aspectos sobre “calidad democrática”, aunque los asuntos relativos la “democratización” de la justicia los emplazan a un segundo paquete. La vicepresidenta segunda ya puso deberes hace dos semanas en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al enumerar, sin salirse del marco de medidas incluidas dentro del pacto de coalición, la democratización en el acceso a la judicatura y otras altas instancias del Estado -desarrollando un sistema de becas públicas-, la rendición de cuentas de los jueces o todo lo relativo a las “libertades públicas”.
Otras de las reivindicaciones que han venido apuntando algunos socios y que pondrán sobre la mesa del Ejecutivo tienen que ver con la denuncia de los independentistas sobre “lawfare” o de las “cloacas del Estado”. En esta línea, ERC planteó ya modificar la ley reguladora del CNI, la ley de transparencia y buen gobierno y la ley de secretos oficiales. El Gobierno ya manifestó su intención al inicio de la legislatura de negociar esta norma con el PNV, que ya presentó al inicio de la legislatura y el Congreso aprobó su tramitación.
