Asistimos en las últimas semanas a manifestaciones de la sociedad civil que protesta por los niveles que está alcanzando la ocupación turística de playas y viviendas en algunos destinos. Los vecinos de estas localidades se quejan -con razón- del uso abusivo de los recursos y de los equipamientos existentes en los destinos turísticos, que están ocasionando ya malestar y generando movimientos de protesta.
El abuso sin control genera siempre deterioro y conflicto. Por tanto, habrá que empezar a regular. No de forma generalizada sino actuando caso por caso. Hay destinos turísticos ya muy saturados para los que habrá que establecer indicadores de capacidad de carga, tasas turísticas finalistas, pasaportes de huella de carbono. Pero la coyuntura que vivimos es complicada para aplicar medidas de regulación, de contención.
La salida de la pandemia ha traído consigo una exacerbación del modelo anterior, del modelo de crecimiento sin fin. De nada han servido reflexiones ni recomendaciones al respecto desde la académica que reclamaban la necesidad de reorientar la filosofía de la superación continuada de record de visitantes, de vuelos. Y ahora estamos viendo los efectos. Un proceso que va a ir a más, porque no hay -salvo casos muy contados- voluntad política para regular los excesos.
Lo curioso es que comienzan a haber voces de todo signo político que reclaman esta regulación. La cuestión ha dejado de ser una demanda exclusiva de agrupaciones ecologistas o ciudadanas y preocupa a colectivos ciudadanos que ven peligrar su fuente de ingresos, el destino de sus viviendas, porque el abuso comienza a tener efectos contrarios en los municipios turísticos. Y a ello se une la pérdida de confort térmico en el litoral mediterráneo, o en Canarias, que amenaza con una reducción de la demanda si no se actúa pronto con medidas de adaptación al cambio climático. Menudo reto tenemos encima en un país que ha decidido hacer pivotar su crecimiento económico presente y futuro sobre el sector turístico.
