El asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, tuvo conocimiento a través del empresario Íñigo Rotaetxe, titular de Soluciones de Gestión –la empresa que obtuvo contratos por 53 millones de euros de diferentes administraciones públicas por comprar mascarillas para el covid– de las recriminaciones por carta que la trama de empresarios hizo al Gobierno Canario por las pegas que éste puso para pagar por el material, que no cumplía con la normativa y se entregó sin las certificaciones exigidas en alguno de los casos.
Reprochan a la administración canaria, entre otros aspectos, que la paralización del pago de los pedidos ya realizados generaba a la empresa «perjuicios económicos y comerciales» y que hubieran sido «íntegramente financiados por la empresa suministradora», sin que la Administración hubiera adelantado el 50 por ciento, como era habitual en otras administraciones que además, tras recibirlas, no puso pega alguna.
«Te adjunto el escrito de referencia junto con sus anexos correspondientes en estos dos emails», señalaba Rotaetxe al asesor ministerial en un mensaje enviado el 22 julio de 2020 al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y que obra en el sumario de la causa, cuya instrucción se inició en la Audiencia Nacional y ahora se disputa el juez de este órgano Ismael Moreno con la Fiscalía Europea.
Previamente, Rotaetxe había informado a Koldo García de la comunicación el «estado de los 2 contratos de suministros» por parte de Ana María Pérez Afonso, responsable de la Dirección General de Asuntos Económicos del Servicio Canario de Salud. En respuesta a los requerimientos de la administración se elaboró la carta que contiene las recriminaciones, y que igualmente fue remitida al asesor de Ábalos para su conocimiento.
4,7 millones de mascarillas en cuestión
En este documento se hace referencia a dos pedidos concretos, uno de 2.750.000 mascarillas con protección KN95/FFP2 a del 22 de marzo de 2020 y un segundo de 2 millones de tapabocas EPI/KN95 el 4 de mayo de dicho año. Resultó que las del primer encargo no tenían la eficacia de filtración solicitada mientras que en ambos pedidos había irregularidades en la documentación adjunta.
Según Soluciones de Gestión, sin embargo, existían dudas y dificultades a la hora de identificar las mascarillas apuntadas como no aptas para el Gobierno Canario, puesto que se describían cinco modelos rechazados de los cuales la trama de Koldo únicamente reconoce ser responsable de tres de las que aseguran que cumplen el estándar pactado en los contratos.
Nadie se había quejado antes
«Todos estos modelos de mascarillas han sido suministrados por esta empresa a terceras empresas públicas y privadas así como a organismos públicos, incluidos servicios de salud, sin que haya habido ningún tipo de rechazo«, añadía Soluciones de Gestión en su misiva al gobierno canario. Se jactaban de haber entregado ya «más de 20 millones de mascarillas KN95, en contratos de emergencia sin ningún tipo de incidencia ni rechazo hasta la fecha»
«Por nuestra parte hemos realizado todos los esfuerzos por cumplir con los dos pedidos de emergencia en las mejores condiciones de precio, plazo, transparencia y calidad teniendo en cuenta la dificultad y complejidad del suministro en aquel periodo de alarma y pandemia con rotura de stocks». Prueba de ello es que la primera entrega a Canarias se sirvió «en menos de una semana desde su aceptación».
En cuanto al segundo de los pedidos, de dos millones de mascarillas, la empresa ligadas a Koldo recuerdan a la administración canaria que Soluciones de Gestión tuvo que pagar incluso los gastos de manipulación portuaria para que el Servicio Canario de Salud pudiera despacharlas y sin que ésta fuera su responsabilidad, pues el despacho de importación debía correr por cuenta del cliente.
Adelanto del dinero
Los reproches más severos se reservan para el final de la carta, que firma uno de los investigados en la causa, José Ángel Escorial, directivo entonces de Soluciones de Gestión. Recuerda a la Sanidad canaria que todos los suministros se realizaron sin ningún pago anticipado del 50 por ciento, a lo que se sumaba que en el momento de la reclamación la Administración de las islas no había hecho frente todavía al pago ningún flete en el tramo Madrid Tenerife Norte-, «por lo que los pedidos han sido íntegramente financiados por la empresa suministradora atendiendo a la urgencia del caso y por compromiso social».
«Otro particular que no llegamos a entender es que 2 meses después de realizada la última entrega del segundo pedido de emergencia, se nos informe que no son aptas, sin que haya lugar a alegaciones», agrega la nota.
La demora en las valoraciones estaba generando además «grandes perjuicios económicos y comerciales» a Soluciones de Gestión, «pues no permitió a la empresa poder tomar las acciones más adecuadas, después de pasado el estado de alarma y la pandemia que motivó los suministros, pudiendo haber derivado esta mercancía a otros clientes estatales que requerían con urgencia de ello», llegaban a advertir en la carta de la que se informó al asesor de Ábalos.
