Si sufres explotación sexual o sospechas que alguien la está sufriendo, llama al teléfono 900 10 50 90 y denúncialo. También puedes hacerlo a través del correo electrónico [email protected], herramientas que la Policía Nacional ofrece de forma totalmente anónima y confidencial para luchar contra la trata de seres humanos con fines sexuales.
Hazlo ya, porque funciona. Tres llamadas a ese número en 2022 han supuesto el reciente desmantelamiento en Málaga capital de una de las mayores organizaciones detectadas en España dedicadas a esclavizar sexualmente a mujeres en casas de citas. La operación arroja números tan monstruosos como las condiciones que imponían a las víctimas en las casas en las que vivían y trabajaban: disponibilidad 24 horas los siete días de la semana; no poder rechazar a ningún cliente ni tipo de servicio; trabajar durante la menstruación; o acceder a que los hombres no utilizaran preservativos, lo que habría provocado que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual. Ni siquiera esta última circunstancia evitaba que las obligaran a seguir trabajando.
Gracias a esas llamadas, los agentes de la UCRIF 1 de la Comisaría Provincial han liberado a las 11 jóvenes que el grupo tenía trabajando en el momento de los registros, pero estiman que por los cuatro inmuebles (pisos y casas mata) que el grupo tenía en diferentes puntos de la ciudad podrían haber pasado hasta 500 chicas. El responsable de la investigación asegura que esa cifra, muy a la baja, la calcularon con una ecuación que tiene en cuenta el número de plazas de las casas de citas, las rotaciones que hacían para cambiar de mujeres y el tiempo de actividad de esas casas, al menos cuatro años. «Nos salía un número mucho mayor, pero teniendo en cuenta que alguna víctima pudo quedarse más tiempo o que muchas de ellas podrían haber repetido, lo bajamos a un tercio del resultado global», explica. A lo largo de las pesquisas identificaron a 54 chicas.
Drogas y medicamentos hallados en los registros. / L.O.
Gran número de afectadas
El gran número de víctimas y de las personas que participaban en el negocio (hay 25 detenidos) apuntan a una actividad equiparable a la de los grandes prostíbulos, según el inspector. Liderada por una pareja de hermanos latinoamericanos, la organización contaba con grupos de mamis que gestionaban el día a día en las casas de citas y hasta conductores que las trasladaban de unas viviendas a otras. Las pesquisas han determinado que la organización establecía un objetivo mensual de ingresos en cada casa de citas, deduciendo que las ganancias anuales podían alcanzar el millón y medio de euros.
La libertad se conseguía pagando. Engañadas por una falsa oferta de trabajo en un centro estético de la organización, nada más llegar a España les informaban de la deuda que habían contraído por la gestión y los gastos del viaje que deberían saldar ejerciendo la prostitución. Las chicas, mayoritariamente veinteañeras colombianas en una situación de gran precariedad económica y sin contactos en nuestro país, se veían en un callejón sin salida. Según el inspector, los gastos de un billete de avión podía oscilar entre los 600 y los 1.000 euros, pero les decían que habían costado 3.000 euros, cifras que exigían muchos servicios sexuales por las abusivas condiciones de pago. Un ejemplo. Si un cliente pagaba de media 100 euros por estar una hora con una joven, la mitad del dinero iba íntegramente para el negocio, pero la deuda se afrontaba con parte de los 50 euros restantes. El resto, una mínima parte, era para las chicas, que podían ver incrementadas sus deudas con multas de hasta 50 euros por causas tan arbitrarias como llegar a la casa cinco minutos tarde del paseo de dos horas que tenían asignado al día. Tardaban varios meses en saldar toda la deuda. Durante ese tiempo, el entramado también les imponía el consumo de drogas y fomentarlas entre los clientes para que los servicios duraran más tiempo y así facturar más tiempo, provocando en algunos casos lesiones a las jóvenes.
En los siete registros realizados en la capital se ha intervenido 145.338 euros en metálico, 1,2 kilos de cocaína y diversas sustancias de corte y útiles para su pesaje. La autoridad judicial ha ordenado la clausura de los cuatro inmuebles y se ha procedido al bloqueo de 13 cuentas bancarias con un saldo total de 18.116 euros y la prohibición de disponer de distintos bienes por un valor aproximado de 130.0000 euros.
