Lo anunció hace dos semanas en una entrevista en la Cadena SER. El presidente del Gobierno presentará el día 17 de julio su plan de ‘regeneración’ del sector de los medios de comunicación y lo hará -afirmó- con el objetivo de reducir los bulos y la toxicidad que recibe la opinión pública a través de los ‘pseudo-medios’ y los “tabloides digitales de ultraderecha”.
El adelanto generó reacciones encontradas entre las empresas informativas. Entre los diarios más próximos a Pedro Sánchez han valorado su iniciativa. El presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, expresó su deseo -durante la pasada Junta de Accionistas del grupo- de que se emprenda una batalla contra las cabeceras que hacen “sucedáneos de periodismo”, los cuales resultan nocivos para la democracia.
También apeló a que se establezcan nuevos criterios por parte de las Administraciones públicas y de las empresas a la hora de decidir en qué medios invertir, de modo que se penalice a los que realizan malas practicas.
Ley franquista
El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, calificó hace unos días de “vergüenza” el que España disponga de una Ley de Prensa que se aprobó durante el franquismo. Lo hizo unas semanas después de publicar un artículo en el que apelaba al establecimiento de una nueva normativa. En este sentido, se mostró de acuerdo con el contenido del Reglamento Europeo de Medios de Comunicación -que entrará paulatinamente en vigor en España hasta su obligatoria aplicación, en agosto de 2025- y con medidas como cualquiera que obligue a la prensa a publicar una relación de sus accionistas e inversores.
Pedro Sánchez ha avanzado una parte de su plan para con los medios de comunicación en las últimas semanas. Lo primero que expresó es su intención de modificar las leyes sobre el Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, en lo que parece un intento -explican fuentes de Moncloa- por clarificar los hechos punibles y establecer diferentes baremos para las sanciones.
Otro de los objetivos sería el de reformar la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, de modo que se incremente la protección de los aludidos en las noticias -defiende el Ejecutivo- frente a las malas prácticas periodísticas.
Este derecho es garantista en España, en cuanto a que se puede ejercer -al contrario que en países como Alemania- incluso cuando el autor de una noticia ha contactado con las fuentes con anterioridad a la publicación de una información. De ahí que en el sector de la prensa haya generado expectación el anuncio de Sánchez.
Publicidad institucional
La medida más relevante que ha trascendido hasta el momento es la relacionada con la reforma de la normativa de publicidad institucional, de modo que -según Sánchez- el nuevo texto legal incremente la transparencia con respecto a las inversiones que realizan en los medios de comunicación las Administraciones -lo obliga le reglamento europeo- y, además, establezca topes para que ningún gobierno pueda aportar un porcentaje excesivo de la facturación de una determinada empresa periodística.
Las varias fuentes del los medios consultadas estos días coinciden en afirmar que esta medida no afectaría tanto a los ‘tabloides digitales‘ como a los grandes diarios nacionales que, por ejemplo, reciben fondos públicos de administraciones como la Comunidad de Madrid. De hecho, el propio Sánchez criticó durante su conversación con Àngels Barceló la política de publicidad institucional de determinados gobiernos del Partido Popular.
Esto implicaría -detallan desde los diarios conservadores- que Moncloa persigue “caza mayor” con esta ‘regeneración’ de los medios, dado que no sólo afectaría a los diarios sensacionalistas más próximos a la derecha populista -”los tabloides” a los que alude Sánchez-, sino también a grandes competidores del sector.
Hace unos días, ABC publicó un editorial muy crítico con las intenciones de Sánchez y el momento que ha elegido para presentar este plan: «Es muy revelador que el presidente (…) sólo haya comenzado a aludir a la desinformación en el momento en que varios periódicos hemos publicado información veraz y contrastada sobre la actividad profesional de su esposa o su hermano».
Y añadía: «El sesgo ideológico con el que el presidente intenta circunscribir las noticias falsas a medios conservadores demuestra su indisimulada intención política. La desinformación es un riesgo real y cierto, pero intentar capitalizar este fenómeno en beneficio propio (…) resulta casi grotesco«.
Cabe precisar que desde Sumar y desde Podemos han respaldado el plan de Sánchez de regular los medios de comunicación e incluso han propuesto medidas más duras de las que el presidente ha anunciado.
Medios públicos
Dicho esto, está por ver si Sánchez propondrá algunas medidas adicionales o si se referirá a Radiotelevisión Española o a la Agencia EFE. En esta última empresa, es el Ejecutivo el que propone ‘a dedo’ a su presidente. Al contrario que en la televisión pública, no es necesario consensuarlo con el resto de las formaciones parlamentarias, sino que tan sólo se tiene que someter al trámite de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Sánchez decidió situar al frente de EFE a Miguel Ángel Oliver hace unos meses, en una decisión que fue controvertida, dado que hasta 2021 había ejercido de secretario de Estado de Comunicación.
RTVE se encuentra en una situación de provisionalidad, con Concepción Cascajosa como presidenta interina y con un Consejo de Administración en el que hay cinco consejeros con el mandato caducado y un asiento vacante.
