Canarias apenas reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero un 14% hasta 2030. El Archipiélago se encuentra así muy lejos del objetivo inicial del Gobierno de España, que pretende alcanzar al 32% y se queda a años luz de la propuesta de organismos científicos (como el IPCC) o colectivos medioambientales (como Greenpeace) que buscan una reducción drástica y rápida, de al menos el 55% en estos ocho años para poder frenar el avance del cambio climático y mantener el aumento de temperaturas por debajo del límite del grado y medio.
Son los datos que se sustraen de un reciente informe elaborado por Greenpeace que, a su vez, han extraído los objetivos de la Estrategia Canaria de Acción Climática. En este documento elaborado por la Consejería de Transición Ecológica durante el mandato anterior –con el exconsejero José Antonio Valbunena al frente–, se establece que la reducción de emisiones respecto a las de 1990 en Canarias será del 14% en 2030, 51% en 2035 y de un ambicioso 90% para 2040. Así, Canarias espera pasar de las 13.000 kilotoneladas de CO2 que emitió en 2019, a 7.436 kilotoneladas de CO2 en 2030, 4.213 en 2035 y apenas 862 en 2040.
Pese a que este último avance que podría suponer alcanzar la neutralidad de emisiones en menos de 20 años, el colectivo ecologista lo considera poco realista si no se toman acciones drásticas para 2030. De ahí que critiquen la ambición climática de Canarias que, aseguran, a este ritmo no evitaría el calentamiento superior a 1,5 grados
Para Greenpeace, el objetivo de reducción de emisiones de Canarias a corto plazo es a todas luces insuficiente, pero la Consejería de Transición Ecológica no lo ve así, ya que el motivo de ese retraso está en el punto de partida. Y es que mientras otras regiones cuentan con centrales nucleares, grandes instalaciones fotovoltaicas, hidroeléctricas y parques eólicos avanzados, Canarias ha tenido una penetración mucho menor de energías renovables. La región no se tomó enserio el desarrollo de energías renovables hasta 2010. Esta tardanza resulta en una penetración de renovables «significativamente inferior» comparada con otras comunidades autónomas. Una situación que a ojos de la Consejería, lastra la posibilidad de dejar de depender tan rápido de los combustibles fósiles.
Además, la misma Estrategia Canaria de Acción Climática justifica este irrisorio objetivo en su redacción: «la senda de descenso de emisiones será mucho más marcada en la década de los 30, al amparo de las medidas ejecutadas hasta ese momento por la irrupción de nuevas tecnologías».
Greenpeace, sin embargo, llama al menos, a igualar la ambición climática estatal. En junio del 2023, España actualizó la reducción de emisiones establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec) para elevarla desde el 23 hasta el 32% para 2030. Canarias, no obstante, y ya bajo el mandato del actual consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, no ha modificado la legislación para hacerla más acorde a ese nuevo objetivo que rige la acción estatal, aunque sí ha realizado modificaciones de la Ley de Cambio Climático para incrementar el objetivo de penetración de renovables del 20% al 58% en 2030.
«Es necesario reducir muy rápido las emisiones de la atmósfera porque sabemos que se van a mantener ahí durante décadas», recalca el ecólogo Pedro Zorrilla, responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace. «Estamos en una verdadera emergencia climática, y se siguen presentando y aprobando planes como si esto fuera un problema secundario», recalca Zorrilla.
Estos planes sitúan en su conjunto a España a la cola de la reducción de emisiones de la Unión Europea. No en vano, países como Grecia, Portugal o Italia se han marcado una reducción de gases de efecto invernadero de más del 50% para 2030 y otros como Alemania llegan casi al 60%.
«Todas las Administraciones públicas tienen que ser conscientes de la urgencia y los beneficios de la transición ecológica para el conjunto de la sociedad y el planeta y hacer lo que les corresponde para que el plan que presente España esté a la altura», indica el biólogo, que advierte que el objetivo debería ser incluso mayor. «Los estudios del IPCC muestran que si no reducimos hasta el 55% en 2030 las emisiones harán que superemos el grado y medio de calentamiento, lo que tendrá consecuencias catastróficas».
Un mal de toda España
Canarias no es, sin embargo, la comunidad que se encuentra en peor posición. De hecho, Greenpeace valora esa búsqueda de la neutralidad de emisiones para 2040, diez años antes que el resto de España. «Eso pocas comunidades lo tienen», revela Zorrilla, quien, sin embargo, duda que se pueda llevar a término cuando los objetivos de reducción de emisiones para los próximos ocho años son tan bajos.
Especialmente sangrantes son los casos de Castilla y León –la única comunidad que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para 2030 – y de La Rioja y Extremadura, que pretenden que sus emisiones en 2030 todavía sean mayores a las de 1990. En concreto, un 46% más en La Rioja y un 53% más en Extremadura.
Solo Asturias y Navarra cumplen con la meta del Acuerdo de París, ya que se han fijado como objetivo reducir sus emisiones un 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, en el caso de Navarra las organizaciones sociales han denunciado recientemente la falta de implementación.
Seis medidas para aumentar la ambición
Para mejorar esta situación y situar a España en una mejor posición con respecto a la lucha contra el cambio climático, Greenpeace propone seis medidas nuevas que permitirían aumentar el objetivo de reducción de emisiones. Por un lado, pone sobre la mesa la posibilidad de implementar un abono único de transporte para todo el territorio. Esta opción, aseguran, facilitará que el transporte público sea más asequible, accesible y atractivo que los vehículos privados.
En este sentido, también apuestan por echar el cierre de las centrales de ciclo combinado de gas, tal y como se ha realizado con las de carbón, así como poner una fecha para implementar este cambio. «Son las que encarecen la factura de la luz y generan grandes emisiones», resaltan en el informe. «Esto revertiría en la penetración de las renovables, que actualmente se suman a la oferta y ya podrían estar sustituyendo a la generación de energía más contaminante», destaca.
Greenpeace apuesta, asimismo, por declarar de interés público las comunidades energéticas renovables para favorecer que todos los municipios dispongan de al menos una comunidad energética lo antes posible. Los ecologistas también prponen la creación de un monedero virtual para costear la rehabilitación energética de edificios residenciales y acelerar la descarbonización de los hogares de forma justa. Así como el establecimiento de un impuesto verde sobre el combustible fósil tanto refinado como almacenado, «para que la transición sea financiada por quienes más contaminan».
